Olga Imbaquingo. Corresponsal en Nueva York
La cordillera ecuatoriana se muere de sed mientras el mundo se apresta a una nueva cumbre mundial para salvar al planeta del calentamiento global. Copenhague es la ciudad de este encuentro que busca reemplazar el Protocolo de Kyoto.
Pero antes de empezar, Copenhague es un anunciado fracaso. Estados Unidos, China y la India, los mayores emisores de los gases que están causando el calentamiento global llegan con las manos llenas solo de promesas y buenas intenciones. “Ahora es tiempo de enfrentar este desafío de una vez por todas”, dijo el presidente de EE.UU., Barack Obama, hace un año. “Aplazar este problema no es la solución”, apuntó.
Un año después la promesa de lograr una alianza internacional para firmar un tratado que regule las emisiones de carbono no tiene soporte en Copenhague y quedará postergada para la próxima cita de 2010, en México.
En el Senado estadounidense el debate para lograr una normativa que reduzca las emisiones de gases de carbono ha sido un fracaso. Los republicanos y muchos demócratas son escépticos de los clamores para salvar al planeta.
Obama va a Copenhague sin esa ley que podía forzar a otros países a reducir sus emanaciones de gases. “China y la India jamás serán demasiado masoquistas para subyugar sus economías a la neurosis climática occidental”, escribió hace poco en su editorial The Wall Street Journal.
EE.UU. ofrece reducir el 17% de las emisiones antes de 2020, pero esas promesas chocan con la realidad política y económica del país: el desempleo que supera el 10% y un agresivo debate sobre la reforma de salud dejó desbancada en el senado la legislación ambiental. Los senadores que vienen de estados donde las minas de carbón son una fuente importante de trabajo e ingresos, no tienen ningún interés de respaldar una ley que la consideran inviable y muy liberal. A esta tendencia se suman los políticos de Estados altamente industrializados.
“Estoy totalmente despreocupado por Copenhague. Estoy más preocupado por West Virginia”, dijo el senador demócrata John Rockefeller, que representa a ese estado, uno de los más pobres del país y que sustenta su economía en la explotación de las minas de carbón. Otro senador demócrata muy necesario para reunir los 60 votos que se necesitan para pasar la ley es Ben Nelson, de Nebraska. Él, en una entrevista con NBC, explicó que le “ha sido imposible vender el argumento (del calentamiento climático) a mis conciudadanos. En este tiempo nadie está dispuesto a comprar esa idea”.
James Inhofe, senador republicano y miembro del Comité del Ambiente del Senado, es uno de los rostros más visibles que confronta el calentamiento climático y lo encasilla en la categoría de “teoría alarmista”. Según él, “A menos que las naciones en desarrollo también se comprometan a reducir sus emisiones, Estados Unidos no apoyará un tratado que dañará la economía y reducirá el empleo”. Desde 1997 se han hecho cinco intentos de lograr una normativa a favor del ambiente. Ninguno ha prosperado, porque cada vez que se habla del tema sale a flote las posibles pérdidas.
El análisis de Wharton Econometric Forecasting Associates cuantificó los daños si EE.UU. se sumaba al Protocolo de Kyoto: 2,4 millones de empleos y USD
300 000 millones anuales. Esos son los argumentos que utilizan los que se oponen a una normativa ambiental.
La posibilidad de una ley el próximo año no pinta bien, pues será un año electoral en el que la mitad de los senadores y congresistas estará buscando la reelección y no querrán poner sus buenos oficios en una ley que los industriales y los agricultores no quieren ni oír ni hablar. Para Obama “será muy difícil pasar una legislación cuando las grandes empresas petroleras y otros intereses energéticos están unidos en contra”, dijo Daniel Weiss, director en política ambiental del Center for American Progress.
La posición de Brasil
Las naciones en desarrollo, como Brasil, argumentan que es injusto que los países ricos han pasado siglos contaminando la atmósfera como para que les pidan ahora que sacrifiquen su propio desarrollo. Algo similar dijo el Presidente de Ecuador en su reciente visita a Bélgica.
El Instituto Americano del Petróleo se opone a cualquier tipo de legislación diciendo que una ley desmotivará la exploración de más hidrocarburos y elevará el precio del petróleo.