1 de June de 2013 00:02

La maquinaria ilegal sigue extrayendo oro

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El paisaje es desolador. Las orillas de los ríos Santiago, Cachaví, Bogotá, Umbi, Las Juntas, Carolina y el estero María, situados en el norte de la provincia de Esmeraldas, están destruidas por la minería ilegal.

Según Fernando Proaño, jefe del Comando Operacional 1 Norte, que tiene a su cargo la seguridad de la frontera con Colombia, el daño ambiental es lo que más preocupa a las autoridades.

Desde el 2010 hasta la fecha, las Fuerzas Armadas han hecho siete operativos con el fin de que se regularice la explotación minera.

Sin embargo, la tarea se ha tornado complicada, reconoce Proaño. Una de las acciones son los patrullajes aéreos. Desde el aire se observan cientos de pozos, que parecen piscinas, abiertos en las orillas de los afluentes.

Los colores blanco, turquesa y azul de las fosas contrasta con el líquido café de las cuencas hídricas. "Esos tonos son producto de los químicos que utilizan los mineros irregulares para separar el oro de las rocas", explica un militar.

Según un estudio de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), los ríos Santiago y Bogotá, entre otros, están contaminados con metales pesados, como: arsénico, hierro, aluminio y mercurio.

La inquietud de las instituciones de control gira en torno a que muchas comunidades usan el líquido ante la falta de agua potable.

El jueves último, se efectuó un sobrevuelo en un helicóptero sobre los siete afluentes considerados más afectados. En la parte baja había 25 retroexcavadoras que abrían los agujeros.

Pero solo la mitad de la maquinaria poseía un sello verde numerado en la parte superior, que identifica que el equipo está legalizado ante la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la Empresa Nacional Minera (Enami).

Según cifras del Comando Operacional 1 Norte, desde que empezaron los controles contra la minería ilegal se han dejado fuera de operación a 200 máquinas.

Ahora hay 43 que están legalizadas y 29 en trámite. Sin embargo, los militares aseguran que hay otras que continúan actuando al margen de la ley.

El último patrullaje aéreo permitió ver cómo los operadores esconden los tractores bajo la abultada vegetación de la zona cuando escuchan una aeronave militar.

El Gobierno estableció una zona de reserva de seguridad en 18 000 km2, cuya vigilancia está a cargo de las Fuerzas Armadas. En esa franja minera se presume que hay armamento de grupos ilegales, que dan seguridad a los mineros ilegales, de acuerdo con fuentes de inteligencia militar.

Según Proaño, hasta el momento la Enami ha remediado 20 hectáreas afectadas por la minería irregular en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, ubicados en el norte de la provincia de Esmeraldas.

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