22 de July de 2010 00:00

Los hermanos Ocampo en lados opuestos de la polémica política en La Concordia

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Reds. Sto. Domingo y Esmeraldas

El conflicto en La Concordia  tiene como protagonistas a los hermanos Walter Ocampo Heras y José Ricardo Ocampo Zambrano. El primero, de Alianza País, es el alcalde del cantón esmeraldeño; el segundo fue candidato a la misma dignidad, con apoyo  del Movimiento Popular Democrático (MPD).

 

El  lunes,  mientras el Alcalde acompañaba al presidente Rafael Correa en un recorrido de obras viales en la región, su hermano de padre participaba en una marcha  contra  la consulta popular que promociona el Gobierno en la jurisdicción, para definir si La Concordia sigue como municipio de Esmeraldas o pasa a  Santo Domingo de los Tsáchilas.

 

Ese día, opositores a la consulta lanzaron  una bomba lacrimógena que afectó a unas 2 000 personas, entre ellas el Presidente, en una concentración en el recinto ferial. Luego apedrearon  ventanas del edificio municipal, cuya reparación comenzó ayer.

 

Ocampo Zambrano,   rechazó esa agresión: “Yo sé que el dinero es de todos los contribuyentes”. Y negó que haya hecho circular una hoja volante en la que se hace responsable de  lo acontecido.  “Nadie me ha visto lanzar una piedra, bomba o agredir a alguien”.

 

El Burgomaestre, por su parte, manifestó que continuarán las investigaciones y los procesos en contra de quienes participaron en los hechos de violencia “para que  se termine con la impunidad.  Si a mí me toca meterle preso a mi hermano, lo meto preso”.

 

Entre tanto, las nueve personas detenidas durante los disturbios del lunes, se encuentran recluidas en centros de rehabilitación de Esmeraldas. Fueron trasladadas, la noche del martes, desde Quinindé, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos, ante el juez cuarto de Garantías Penales, Kléber Samaniego.

 

Están acusados de ataque a funcionarios públicos y terrorismo.

 

Rosaura Bastidas, concejala del MPD y  presidenta de la UNE, ayer, en la cárcel de mujeres de Esmeraldas,  recibía visitas y atendía a los periodistas, que fueron impedidos de ingresar cámaras fotográficas y grabadoras. “Mi detención fue ordenada por el presidente Correa, porque le pedí, junto a otros esmeraldeños, que respete la Constitución de la República (sobre la jurisdicción de La Concordia) y él dijo agárrenla”.

 

En su celda solo hay un colchón tendido en el piso. Dijo que está resignada a pasar allí la noche. “El Gobierno tendrá que construir más cárceles  para quienes asumimos el derecho a disentir, a pensar diferente que el Presidente”.

 

En la cárcel de varones están  7 de los detenidos, el otro  permanece en el Centro de Detención Provincial (CDP). La defensa de los imputados apeló ayer la orden de prisión del Juez, alegando que en el proceso están interviniendo funcionarios del Gobierno.

 

La ministra coordinadora de la Política, Doriz Solís, en un comunicado, precisó ayer que “el Gobierno no  ha tomado posición en el sentido de que el cantón  pertenezca a una u otra provincia, sino que propicia que los habitantes sean los que decidan su futuro...”.

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