Los días pasan lento para Catherine Vargas. Desde hace dos años espera que el Gobierno cumpla con la promesa de reubicarla.
Ella vive en el barrio Nueva Esperanza, de la parroquia La Unión de Quinindé. El sector es uno de los más golpeados en cada invierno. En 2010, la crecida del río Cocola destruyó su vivienda.
El lunes pasado nuevamente el agua ingresó al inmueble de caña y madera que le arrendaron en el mismo barrio. Está a unos 10 metros del río. “Yo sé que es peligroso, pero como dijeron que iban a darnos una vivienda pensé que iba a ser temporal esta estadía”.
Según Dolores Villegas, de la Sala Situacional del Municipio de Quinindé, desde el 2009 el invierno ha dejado 357 damnificados en La Unión de Quinindé.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) ofreció 200 casas para las familias más vulnerables de los últimos dos años. 90 de esas unidades habitacionales ya fueron levantadas, en el sector de Las Villegas.
Según la Dirección Provincial del Miduvi, estas no han sido entregadas porque aún falta culminar el reservorio de agua, que permitirá dotar del líquido a las familias.
Está previsto que el reservorio esté listo en 35 días más. Entonces se entregará a los damnificados que estén en la lista de beneficiarios y que hayan colaborado en las actividades comunitarias como las mingas. La última se hizo el 27 de febrero pasado. Los pobladores limpiaron el área donde están las casas y retiraron la hierba crecida de los patios y calles.
Uno de los dirigentes les aseguró que la obra se hizo gracias a que votaron en las últimas elecciones por el presidente Rafael Correa.
Vargas lo escuchó con atención. Dijo que las últimas lluvias han puesto en apuros a las familias y que resulta urgente adelantar los trabajos para que las casas se entreguen. “El lunes, el agua alcanzó un metro de alto en la casa que alquilamos. Se dañaron los colchones y la ropa que tenía de mi hijo”.
Pedro Macías, en cambio, tuvo que salir del cuarto que rentaba, porque quedó destruido. Pidió a las autoridades que adelanten la fecha de entrega de casas, para poder guarecerse de las lluvias.
Pero Villegas le explicó que no era posible. “Lo que queremos es cumplir con el buen vivir. No podemos dar casas que no tengan todos los servicios básicos o que se hayan hecho mal o al apuro”.
En una primera etapa del plan de atención -agrega- se han levantado 90 viviendas. Tenemos una segunda etapa que incluye otras 110, que se darán conforme las obras se terminen”.
Las casas tienen 36 metros cuadrados. Cuentan con dos cuartos, una sala, comedor, un baño y un lavabo, que hace las veces de cocina.
“Para una familia pequeña está bien”, señala Maritza Rivas, del barrio La Alborada. Pero en mi caso, que tengo seis personas a mi cargo, resulta insuficiente.
Según Villegas, la mayor parte de afectados levantaron sus viviendas en sitios considerados de alto riesgo. Cerca de esteros y quebradas y sin una planificación. “Las personas deben ser también conscientes de que están exponiendo sus vidas y evitar esos lugares”.
Por eso se han planificado talleres de gestión de riesgos en las comunidades donde hay más afectaciones. Catherine Vargas, está consciente de los riesgos, pero asegura que no tiene condiciones para buscar un sitio mejor.
Ella se dedica a las labores del hogar y su esposo es obrero de la construcción. “No tiene contratos fijos y a veces no alcanza ni para ajustar lo de la comida”.
Puentes intervenidos
La Prefectura de Esmeraldas impulsa un plan para habilitar y construir, según cada caso, 16 viaductos en las principales carreteras del área rural.
Los trabajos se iniciaron en noviembre del año pasado. El plazo de entrega dependerá del tamaño de cada puente. Hay la disposición de laborar incluso con la presencia de lluvias.
En La Unión de Quinindé, sobre el río Chambo, se hace un viaducto de 18 metros de largo. Estará listo en mayo. Tiene un costo de USD 200 000.