11 de mayo de 2016 11:32

Una nueva Superintendencia genera debate

René Yandún (centro) objeta la creación de un organismo de control sobre los cabildos. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

René Yandún (centro) objeta la creación de un organismo de control sobre los cabildos. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Diego Puente

La Asamblea trató ayer (10 de mayo), en segundo y definitivo debate, el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. La discusión, que se suspendió alrededor de las 17:30, se centró en la creación de un consejo técnico y una superintendencia que controlarán la labor de los municipios que la oposición rechaza. El debate se retomará mañana a las 08:20.

Este proyecto tomó protagonismo después del terremoto del 16 de abril pasado y se convirtió en una prioridad. El proponente de la ley, Richard Calderón (Alianza País), dijo que esta fue una coincidencia, ya que la norma se debatió por primera vez en mayo del 2015.

Calderón, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos, y proponente de la Ley, manifestó que la normativa no atenta contra la autonomía de los municipios. Se refirió al artículo 5 del Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad), que indica que la autonomía que argumentan los GAD no impide el control por parte de organismos nacionales.

Calderón dijo que el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo estará integrado por tres representantes: uno del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), otro de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el tercero provendrá de los municipios. Será designado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

El Consejo tiene la facultad para emitir las regulaciones nacionales sobre el uso y gestión del suelo. Entre sus atribuciones estará la emisión de regulaciones nacionales de carácter obligatorio, que serán aplicadas por los GAD.

Tendrán parámetros de clasificación del suelo y usos, estándares y normativas urbanísticas. Estas deberán establecer condiciones mínimas para asegurar los derechos a la vida, a la integridad física, a una vivienda adecuada, etc.

El Consejo también podrá emitir un informe sobre el incumplimiento de los actos normativos municipales. En caso de que un GAD no realice las reformas de las normas necesarias, en el plazo de 60 días desde la notificación del informe, se remitirá un expediente a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Precisamente, este ente de control es el que más preocupa a los asambleístas de oposición. Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que se violarán las competencias municipales.

Detalló que ya hay instituciones que pueden velar por el efectivo control del uso del suelo y las normas de construcción, como el Consejo Nacional de Competencias, la Contraloría General del Estado o los concejos cantonales.

Él no se opone a la Ley de Ordenamiento Territorial, pero aclaró que todos los requerimientos técnicos deben estar dentro de la normativa y no deben estar a cargo de la Superintendencia o el Consejo Técnico, que estarían por encima de los concejos municipales.

Otra preocupación es el aumento del aparato burocrático ligado a crear dos nuevas entidades. Luis Tapia, legislador independiente, mencionó la necesidad de bajar el número de funcionarios y no aumentar. Citó los casos de la Secretaría del Buen Vivir, la Agencia Espacial, el Consejo Intergeneracional, que a su criterio no aportan al desarrollo del país y deberían desaparecer.

Richard Calderón dijo que más costoso resulta reubicar poblaciones enteras que se ubican en zonas de riesgo o que construyen sus viviendas de manera antitécnica.

María José Carrión, su compañera de bancada, contó que el interés de esta ley es salvar vidas. Considera que el número de pérdidas humanas y materiales hubiese sido menor tras el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril si se hubiese construido de forma técnica.

En una encuesta contratada por la Asamblea Nacional y la Unión Europea en el 2014, se evidenció que de 125 municipios consultados, el 47,5% no tenía medidas de prevención de riesgo y un 31,7% no tenían estándares de calidad urbana.

El vicepresidente de la Mesa, Fausto Terán, dijo que la ley servirá para que los municipios tomen en cuenta las normas en el futuro. Por eso pidió que sus autoridades recurran a los colegios profesionales para tener un mayor control.

Henry Yandún, expresidente de la Cámara de Construcción, presentó una propuesta para reconstruir las zonas afectadas por el sismo. La solución sería que se difunda y que se aplique la Norma Ecuatoriana de la Construcción y que se radicalice el control. Además, considera necesario diseñar casas-tipo para que la gente no crea que la construcción legal es más costosa.

Oswaldo Larriva, asambleísta independiente, comentó que no se hizo una difusión adecuada de la norma. Por ello, en los próximos meses sería necesario reformar la nueva ley, con los aportes de alcaldes y prefectos.

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