1 de julio de 2014 19:48

El Gobierno encontró 5 escollos en la Constitución

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Redacción Política 
politica@elcomercio.com

En el Ecuador una Constitución dura entre 10 y 20 años. Ese es el promedio histórico.

Y aunque la de Montecristi, vigente desde octubre del 2008, todavía no tiene una década, el Gobierno que la promovió pretende, por segunda ocasión desde la consulta popular del 2011, introducir en ella un paquete de cambios a través de una enmienda.

La Corte Constitucional deberá analizar, a lo largo de este mes, el impacto de estos cambios dentro de la estructura de la Carta Política para decidir si estos deben emprenderse únicamente a través del debate legislativo o si se requiere una consulta popular.

Mientras los magistrados constitucionales adoptan una posición jurídica, hay un debate político que aún no se ha agotado. Este tiene que ver con algunas limitaciones que el ejercicio del poder, por parte del gobierno de Alianza País, ha encontrado en la aplicación de la Constitución.

A continuación, este Diario presenta cinco aspectos de la Carta de Montecristi que generaron un conflicto político a la hora de su aplicación. La visión del Gobierno sobre la protesta social, la independencia judicial, el verdadero alcance de los llamados derechos de la naturaleza, el interés por introducir la reelección indefinida o por poner límites a figuras garantistas como la acción de protección son una muestra de que la Constitución es un escollo para Carondelet.

Así lo señalan disidentes de Alianza País o juristas como Enrique Herrería y Santiago Guarderas.

Es por ello que, a menos de seis años de su vigencia, se han impulsado ya dos procesos de reforma. El primero se dio en el 2011 con la consulta popular que dio paso a la reestructuración del Poder Judicial. El segundo proceso se inició el jueves pasado con la presentación del proyecto de enmienda ante los jueces de la Corte Constitucional.

Alianza País en su conjunto sostiene que una Constitución es una herramienta viva que debe ajustarse a los procesos que inciden en una sociedad. En ese sentido, la legisladora oficialista María José Carrión mira con entusiasmo estas enmiendas. “El pueblo ha estado junto al Gobierno en los grandes avances en materia vial, de salud y educación”. De esta forma, “ante la restauración conservadora, el pueblo ha desarrollado una conciencia política que permite al Régimen defender lo que se ha logrado”.

Protesta social, el primer escollo

En el primer año de la Constitución, el Gobierno ya fue criticado por la forma en la que enfrentaba la protesta social. Desde septiembre del 2009 estas denuncias se volvieron frecuentes, tras las protestas indígenas por el agua y en contra de la minería (Morona Santiago y la Sierra Central en mayo del 2010). La Fiscalía procesó a manifestantes por delitos de terrorismo.

En el 2011, la Defensoría del Pueblo habló de “la criminalización de la protesta”, argumentando que había más de 280 casos de gente procesada, pese a que el artículo 98 de la Constitución garantiza el derecho a la resistencia de los ciudadanos o grupos sociales. El Gobierno aseguró que esos procesos los lleva la justicia insistiendo en muchas manifestaciones hay hechos violentos. Al caso Wisuma del 2009 se sumaron otros procesos judiciales como el de Los 10 de Luluncoto; la cárcel a los alumnos del Colegio Central Técnico por protestas callejeras y enfrentamientos con la Policía. Hubo algunos negocios que resultaron afectados.

El oficialista Virgilio Hernández cree que esos son casos aislados que están en manos de la justicia. Y aseguró que en la década de los noventa hubo convulsión social, pues el 70% de la gente pedía cambios mediante una fuerte presión social, “ahora no”.

Cambio a la Justicia vía consulta

En mayo del 2011, el pueblo fue a consulta popular por pedido del Presidente. Fueron 10 preguntas las planteadas al país, de las cuales cuatro tenían que ver con la administración de la justicia y los cambios a la figura de la prisión preventiva.

El presidente Correa, de esta forma, impulsó la conformación de una Comisión Técnica con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Control, para reestructurar las cortes, desde el Consejo de la Judicatura. Ahora, uno de sus exministros, Gustavo Jalkh, está al frente de este poder.

La enmienda constitucional introducida -vía consulta popular- fue criticada duramente por sectores disidentes de Alianza País como Alberto Acosta y María Paula Romo, porque con la metida en la mano de la justicia, frase acuñada por el Presidente, dicen que se trastocaron los principios constitucionales de Montecristi.

El exlegislador Enrique Herrería dice que tras esa consulta se acabó la división de poderes, característica principal del estado de Derecho. Además, recuerda que una vez que concluyó la consulta popular uno tema polémico fue la designación de magistrados a la Corte Nacional. Incluso, el propio juez español Baltasar Garzón, veedor internacional, cuestionó a seis magistrados que no merecieron ganar.

El debate surge por la reelección

El revés de Alianza País en las pasadas elecciones seccionales fue el preámbulo. El presidente Rafael Correa habló de la probabilidad de volverse a candidatizar en el 2017, y así evitar que las debilidades de su grupo político permitan el avance de la “restauración conservadora”. Nueve meses atrás, el Presidente -en la posesión para su tercer mandato- dijo que el actual era el último período.

Así está en camino el proyecto de cambios de los artículos 114 y 144 de la Constitución, para garantizar que todas las autoridades de elección popular puedan reelegirse de manera continua. El debate, a partir del anuncio del Régimen, es si con este cambio se trastoca el principio de alternabilidad necesario en toda democracia y que, por lo tanto, debe ser una consulta popular y no una enmienda a través del trámite legislativo.

María José Carrión, asambleísta de AP, explica que los asambleístas de Alianza País (100) tienen la garantía y la legitimidad popular para llevar a cabo la enmienda.
Carrión calificó de válido el proceso que lleva adelante el Gobierno –no solo en las obras grandes viales, de salud, educación, etc.- sino en la capacidad de los ecuatorianos de reflexionar en su destino político. Y que eso se comprobará en las elecciones del 2017.

Él garantismo tendrá límites

Uno de los temas centrales del proyecto de cambios que impulsa el Régimen tiene que ver con la posibilidad de poner límites a la figura de la acción de protección. Esta permite que los ciudadanos puedan suspender alguna acción pública que afecte sus derechos.

El Gobierno señala que muchas de estas acciones tienden a boicotear la gestión pública y por lo tanto hay problemas de gobernabilidad. Por eso, el legislador Mauro Andino cree que es necesario darle una mayor prolijidad al artículo 88, para que se convierta una herramienta eficaz para la aplicación de ese derecho y evitar el abuso que cometen ciertos abogados.

Santiago Guarderas, catedrático y jurisconsulto, dijo que esta enmienda adapta a la Constitución a una práctica ya común desde los cambios al artículo 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Allí “el Estado pidió a los jueces que no acepten las acciones de protección por lo que el 95% de ellas ha sido negado”.

Según Guarderas, este tipo de acciones permite que se les garantice el debido proceso judicial si los derechos de uno o varios policías han sido vulnerados o si, por ejemplo, algún servidor público ha sido separado injustamente del trabajo. Pero cree que en la práctica esto no ha sucedido.

El Yasuní cerró una utopía

En agosto del 2013, el presidente Correa suspendió la Iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía dejar bajo tierra el petróleo en ese parque nacional, a cambio de la compensación extranjera. El Gobierno argumentó que no hubo interés internacional y que era necesaria la explotación del ITT bajo extrictos estándares ambientales para no afectar la biodiversidad del parque.

Su decisión no solo puso de lado una de las piedras fundacionales de la Revolución Ciudadana, sino que los grupos ambientalistas argumentaron que los derechos de la naturaleza, por primera vez consagrados en una Constitución no se respetaron.

Si bien el artículo 407 permite la declaratoria de interés nacional, por parte de la Asamblea como paso previo para su explotación, esta optó por no recurrir al mecanismo de consulta popular, que era una opción establecida.

El CNE no dio paso a la iniciativa del colectivo Yasunidos, de que se convoque a una consulta, para que la ciudadanía se pronuncie. Argumentó que no se reunieron las cerca de 600 000 firmas requeridas.

Esperanza Martínez, de Yasunidos, dijo que cuando se aprobó la Constitución la defensa de la naturaleza era un tema emblemático pero “el Gobierno decidió aprobar leyes con signo extractivista”.

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