21 de mayo de 2015 22:08

CIDH analiza casos de 103 policías dados de baja

Un grupo de policías dados de baja llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ellos no están de acuerdo con su salida de la institución. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO

Un grupo de policías dados de baja llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ellos no están de acuerdo con su salida de la institución. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO

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Diego Bravo

Más de 500 policías han sido dados de baja desde el 2013 por presuntos delitos y faltas. El Ministerio del Interior los separó mediante acuerdos ministeriales y adujo que hubo elementos de convicción suficientes para establecer que “existió un alejamiento de la misión constitucional a la cual los policías del Ecuador están sujetos”.

A mediados del 2013 salieron 208 gendarmes y un año después se separó a 322 más. De estos últimos, 126 tienen causas penales, 113 poseen sentencia por Tribunal de Disciplina y a 83 los sancionaron por reincidencia en el cometimiento de faltas disciplinarias graves o de segunda clase y tener más de 2 000 horas de arresto. A 19 los separaron por extorsión, 16 por asesinato, 11 por tráfico de drogas, ocho por tortura, entre otras causas.

Sin embargo, hay un grupo de 103 gendarmes que no están de acuerdo y dicen que los sacaron “injustamente” de la institución uniformada. Su abogado defensor, Darwin Seraquive, argumenta que “a ninguno de los policías desvinculados se les respetó mínimamente sus derechos y garantías como lo dispone la Constitución, la Convención Americana sobre DD.HH., la Ley Orgánica y de Personal de la Policía y sus reglamentos”. A su juicio, no se respetó el debido proceso en la desvinculación de los uniformados y los sacaron de forma arbitraria.

Ellos apelaron en todas las instancias judiciales en el país y finalmente presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La entidad nos notificó hace dos meses que nuestro caso entró a estudio en Washington. Yo estuve allí el 11 y 12 de mayo y entregué documentación como las sentencias con las cuales la Corte Constitucional los declaró inocentes. Estas fueron suscritas por el actual presidente de ese organismo, Patricio Pazmiño”, dijo Seraquive en una entrevista con este Diario.

La tarde de hoy, 21 de mayo del 2015, un grupo de policías dados de baja con acuerdos ministeriales y sus familiares se reunieron en la oficina de su abogado. Ellos contaron que están pendientes de los avances del juicio y reiteraron que los sacaron injustamente. Pidieron que no se publicaran sus identidades y un cabo primero contó que lo sacaron en junio del 2014 porque lo denunciaron por presunto abuso policial. “Me absolvieron en la Corte Provincial de Justicia (…) Actualmente trabajo como motociclista y reparto comida a domicilio porque no conseguía empleo”.

Otros contaron que tampoco pueden conseguir trabajo. La esposa de un sargento contó que su marido labora como guardia de seguridad en otra provincia y tienen deudas. Dice que él es inocente y que fue injusta su salida porque tenía "atrasos y leves faltas indisciplinarias".

Pese a las críticas, el Ministerio del Interior ha reiterado que continuará con el proceso de depuración en la Policía Nacional. La idea es “recuperar la institucionalidad de la principal instancia involucrada en la seguridad ciudadana” y “ganar la confianza ciudadana”.

La entidad sostiene que los policías separados son aquellos que ilegítimamente se beneficiaron de amparos de protección y otros recursos legales que fueron utilizados para reincorporarse a la institución, pese a estar involucrados en delitos penales señalados por instancias judiciales.

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