24 de febrero de 2016 18:13

Ecuador no respetó a defensores de derechos humanos y a indígenas, según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional consideró que hubo uso excesivo de la fuerza en las detenciones a los manifestantes contrarios al Gobierno, durante las protestas del 2015 en el Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Amnistía Internacional consideró que hubo uso excesivo de la fuerza en las detenciones a los manifestantes contrarios al Gobierno, durante las protestas del 2015 en el Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Agencia EFE

Los críticos con las autoridades en Ecuador, entre ellos los defensores de los derechos humanos, fueron "blanco de agresiones, multas y acusaciones penales infundadas" el año pasado, denunció hoy 24 de febrero del 2016 Amnistía Internacional.

En su informe anual divulgado hoy en Londres, AI señaló que en 2015 no se respetó tampoco "el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre las decisiones que afectaban a sus medios de vida".

La mayor parte de las protestas en el país se enmarcaron en la oposición, sindicatos y organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil a las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, que incluían la autorización del uso de las Fuerzas Armadas para responder a situaciones de seguridad pública interna y la posibilidad de reelección indefinida del presidente y otras autoridades, recuerda el informe.

Esas manifestaciones se caracterizaron por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, así como por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.

Al menos 21 personas detenidas en protestas antigubernamentales desarrolladas en diciembre pasado en Quito fueron condenadas en procesos en los que se temía que se hubiera violado su derecho a un juicio justo, destaca AI.

Y durante 2015, añade el informe, los defensores de los derechos humanos y otras personas que criticaban abiertamente al gobierno recibieron "amenazas" y sufrieron "hostigamiento", además de enfrentarse a "intentos de impedirles desempeñar su trabajo y también a agresiones, multas, acoso y cargos penales infundados".

AI denuncia igualmente que las autoridades ecuatorianas continuaban sin aplicar plenamente la sentencia de 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en favor del pueblo Kichwa de Sarayaku.

Dicha sentencia incluía la eliminación completa de los explosivos abandonados en sus tierras y la promulgación de legislación que regule el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre las leyes, políticas y medidas que afectaran a sus medios de vida.

Por último, AI muestra su preocupación por el hecho de que las mujeres y las niñas continúan teniendo acceso limitado a métodos anticonceptivos modernos, "lo que afecta de manera desproporcionada a las más vulnerables".

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