Las cámaras de seguridad grabaron el enfrentamiento y captaron los rasgos físicos de los agresores. Horas después, los agentes revisaron las escenas y detuvieron a cuatro sospechosos del ataque a un hombre que apareció muerto debajo de un puente. Esto ocurrió el viernes último en el sur de Quito y ese mismo día un juez ordenó la prisión preventiva de las cuatro personas.
¿Para qué sirven las cámaras instaladas, por ejemplo, en buses, taxis y en otras zonas del país? ¿Previenen delitos o solo registran estos hechos?
Desde el 2012, cuando se inició el proyecto Transporte Seguro, hasta mayo pasado se atendieron 1 500 auxilios en el país. La mayoría de alarmas obedecen a emergencias de seguridad, tránsito y salud.
Además, con base en las grabaciones, la Policía identificó y capturó a 206 sospechosos de delitos en el mismo período, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Por datos como estos, César Navas, director general del ECU 911, sostiene que estos dispositivos han permitido reducir la impunidad y cita dos crímenes y posteriores arrestos de los presuntos autores.
El primero se registró en febrero en Amaguaña (Quito). Y el segundo en mayo, en Manabí. En Amaguaña, sacapintas asesinaron dentro de un bus a José y Fernando Changoluisa (padre e hijo, de 63 y 33 años). 23 días después del asalto, los investigadores detuvieron a seis sospechosos.
En Portoviejo, un joven disparó a un taxista en la nunca y lo asesinó. En esos hechos, la Policía asegura que las cámaras instaladas en las unidades ayudaron a ubicar al agresor días después.
Tras la muerte del taxista, los investigadores indicaron que el posible responsable era un uniformado policial en servicio activo que después fue dado de baja y ahora es procesado en los tribunales.
La apertura de juicios contra los sospechosos de los delitos es uno de los beneficios que Navas otorga a la videovigilancia. Pero ese proceso tenía falencias. El trámite para que la Fiscalía obtenga los videos tardaba hasta tres días y se copiaba el archivo en CD.
Por eso el ministro de Seguridad, Fernando Cordero, aseguró que “las grabaciones no han sido empleadas de manera correcta dentro de los procesos judiciales debido a las trabas en su tramitación. Muchas fechorías permanecen en la impunidad pese a estar filmadas”.
Apenas en mayo pasado, el ECU 911 firmó un convenio con la Judicatura y la ANT para que los operadores de justicia accedan, en menos de cuatro horas y a través de una plataforma digital, a los videos de los delitos que ocurren en las unidades de transporte.
Esta herramienta evitará –manifiesta Navas- que las grabaciones se filtren y luego aparezcan en las redes sociales.
Desde mayo, el ECU 911 capacitó a 2 600 fiscales del país sobre el uso de la herramienta digital. De allí que a partir de hoy está previsto que todos los investigadores utilicen ese sistema cuando se trate de grabaciones de delitos flagrantes.
Datos de la ANT refieren que hasta abril pasado equiparon con kits de seguridad (cámaras, botones de auxilio, dispositivos GPS) a 49 124 unidades del transporte público a escala nacional.
Marco Cueva es transportista durante los últimos 17 años. Actualmente conduce un bus urbano en Quito y cuenta que no ha utilizado el botón de auxilio. Uno de sus colegas sí lo hizo hace cuatro semanas. El chofer activó el dispositivo luego de escuchar los gritos de una pasajera. La Policía Nacional localizó la unidad y capturó a los sospechosos.
A un compañero de Darwin Lascano, otro conductor de bus, le sucedió algo parecido. Tuvo que usar este mecanismo de auxilio porque tres jóvenes se subieron a la unidad y robaron a una mujer. “La respuesta fue inmediata”.
Pero también hay pedidos para ajustar estos sistemas. Luego del asesinato del taxista en Manabí, el presidente de la Asociación de Taxistas de Portoviejo, Jimmy Calle, pidió revisar el estado de los botones instalados en los carros para ver su funcionalidad.
Ante eso, Navas expone que el sistema de vigilancia en buses y taxis del país “siempre está operativo” y “de forma permanente se hacen pruebas en los vehículos”.
Rodrigo Murillo, presidente de la cooperativa de taxis 5 Estrellas, en Quito, hace otra observación. El dirigente admite “cierto recelo” por la grabación ininterrumpida”. “Mucha gente nos dice que ya no hay privacidad”.
Los conductores de estas unidades también piden que se reubiquen los botones de auxilios y que su posición solo la conozcan los conductores. El estudio técnico de esa solicitud la maneja actualmente la Agencia Nacional de Tránsito.
Según este organismo, Guayas, Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas son las provincias que más han reportado incidentes en las unidades.
Hasta finales del 2014, la entidad de control tiene previsto instalar 21 500 dispositivos más y “abarcar el 100% del parque vehicular del transporte público” en el país.