24 de May de 2015 17:01

Dos años para llevar el endeudamiento al límite

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César Sosa
Editor de Negocios

Por primera vez en ocho años, el escenario económico del 2015 se presenta adverso para el Gobierno. Y pudiera seguir así un par de años más, es decir, hasta que termine su período.

La caída del precio del petróleo a niveles de USD 50 por barril, un precio que hasta el 2006 era la envidia de la ‘partidocracia’, pone nuevamente al descubierto los límites del gasto público como motor del crecimiento sostenible del país. Este año se prevé un crecimiento entre el 1% y 2%, que pudiera ser menor si el crédito externo tarda en llegar y no se cumple el plan de inversión pública.

El antecedente del 2009, cuando la economía creció apenas al 0,6% por motivos similares, marcó una nueva etapa del modelo económico de la revolución ciudadana, donde la consigna fue llevar el gasto público al límite. En el 2010, y pese a que los precios del petróleo se habían recuperado a un promedio de USD 72 por barril, el Fisco incrementó la deuda pública en 30%.

La historia de los últimos tres años ha sido la misma: precio del petróleo de USD 93 y crecimiento de la deuda pública a tasas anuales entre el 22% y 32%, alcanzando actualmente cerca de USD 32 000 millones.

Con estos antecedentes es de esperar que la receta se replique los próximos dos años. Ahora que el precio del crudo ecuatoriano ha caído a niveles de USD 50, las cuentas por pagar del Fisco se están acumulando y necesita un crédito de emergencia para mantener vivo el modelo económico. No puede llegar a las elecciones del 2017 con la novedad de que se acabó la plata y que por eso no pudo cumplir sus promesas de campaña.

Las opciones internas para conseguir nuevos recursos están casi agotadas y la ayuda que pudiera recibir del sector privado, que ha prometido más inversión a cambio de garantías reales, tomará tiempo en concretarse. La única opción que tiene el Gobierno para financiar su modelo será contratar más deuda, al precio que sea. Ya lo demostró pagando el 10,5% por bonos a cinco años, la tasa más alta que ha pagado un país en la última década.

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