6 de enero de 2016 00:00

El Estado aún tiene deuda con portadora de VIH

El colombiano Humberto Sierra presidió la Corte en la audiencia del caso, el 2014. Foto: Captura de pantalla de la audiencia en la corte IDH

El colombiano Humberto Sierra presidió la Corte en la audiencia del caso, el 2014. Foto: Captura de pantalla de la audiencia en la corte IDH

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Redacción Sociedad
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Talía G. tenía 12 años cuando se enteró que era portadora del VIH. Pero había sido infectada a los 3, el 22 de junio de 1998. Ocurrió mientras le practicaban una transfusión de sangre en una clínica pri­vada de Cuenca.

Su madre, Teresa L., recuerda que todo comenzó el 20 de junio de 1998. Talía G. presentó una hemorragia nasal. Al notar que no paraba, la llevó a una casa de salud privada para que la revisaran, pero no había un especialista disponible. Tuvieron que ir a otra clínica donde fue diagnosticada con un trastorno hemorrágico. El especialista ordenó una transfusión de sangre y plaquetas.

La madre acudió al Banco de Sangre del Azuay de la Cruz Roja Ecuatoriana. Ahí le indicaron que debía llevar donantes y lograron el apoyo de tres conocidos, como consta en el expediente del caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el documento se identifica al portador como HSA. Él fue el 22 de junio de 1998 al Banco de Sangre. Una auxiliar de enfermería se encargó de la extracción. Esa misma noche se hizo la transfusión, porque según los médicos era urgente para tratar a Talía G.

Pero, ayer, 5 de enero del 2016, Freddy Carrión, asesor jurídico de la Cruz Roja, aseguró que nunca se comprobó que la sangre entregada a esa institución estuviese infectada. Cree “imposible” que la pinta haya sido de HSA, pues en 1998 una muestra tenía que pasar un proceso de 45 días antes de una transfusión.

En el expediente del caso consta que recién al siguiente día de la transfusión, el personal de Bioquímica del Banco de Sangre examinó la muestra de HSA. Aproximadamente 15 días después se llamó al donador para realizarle nuevos análisis de sangre, ya que los frascos que contenían las muestras anteriores “se habían regado”. Ese fue el argumento que le dieron. Pero una semana después, HSA se enteró que tenía VIH.

Talía G. fue dada de alta el 29 de junio y siete días después fue con su madre a un control de rutina. Entonces, el especialista le solicitó un análisis de VIH. Fue positivo. En ese momento, la vida de su familia cambió. “En esos años había muchos mitos alrededor del VIH”, indica Gustavo Quito, uno de sus abogados.

Cuando Talía G. entró a la escuela, en una institución pública, la separaron por miedo al contagio de docentes y estudiantes. Tuvo que esconder su condición para terminar sus estudios primarios y secundarios.

Además, su familia pasó serios aprietos económicos por conseguir la atención médica necesaria para evitar que el VIH derive en sida. Su madre tuvo que pedir dinero a chulqueros y a entidades bancarias. Hoy todavía tiene esas deudas. “Se enteraron que nos van a indemnizar y han empezado a llamarnos”, comentó la madre, el 29 de diciembre pasado a este Diario.

Desde septiembre de 1998, Teresa L. empezó una serie de acciones penales y civiles en contra del médico, la auxiliar que tomó las muestras y los representantes del Banco de Sangre. El caso penal terminó con una orden de captura para la auxiliar, que no pudo ser ejecutada pues la persona dejó el país y prescribió la acción.

Mientras que el caso civil, en el que se reclamaba una indemnización por daños y perjuicios, no tuvo lugar por falta de una sentencia penal para la Cruz Roja.

El 26 de junio del 2006, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y luego de pasar las instancias pertinentes.

El 1 de septiembre del 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la educación de Talía G. Así como por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de servicios de salud, en perjuicio de Talía G. y por la violación del derecho a la integridad personal de Teresa L. e Iván L., hermano de la víctima.

En la sentencia se insta al Estado a brindar gratuitamente el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a Talía G., incluyendo los medicamentos.

También becas de estudios universitarios de pregrado y posgrado no condicionadas a su desempeño académico y una vivienda, en el plazo de un año, que se cumple en septiembre del 2016.

Además, Ecuador debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del titular del Ministerio de Salud. Y realizar un programa para capacitar a funcionarios sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH.

Finalmente, según consta en el fallo, el Estado debe pagar, también en el plazo de un año, una cantidad de dinero (no especificada en el expediente) por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como por el reintegro de costas y gastos.

El cumplimiento de la sentencia debe ser sustentado luego de cumplirse los plazos en un informe dirigido a la CorteIDH. En el momento la sentencia ha empezado a cumplirse, aún hay pendientes.

La madre de Talía G. confirmó que su hija recibe la medicación antirretroviral por parte del Estado. Pero todavía no se ha cumplido con la atención psicológica y las medicinas por afecciones alérgicas que el virus ha causado.

Por ahora se mantienen en contacto permanente con un personeros del Ministerio de Justicia, institución que asumió la responsabilidad del cumplimiento de la sentencia. “Todo está arreglado de palabra, la casa, la beca, las medicinas y las disculpas públicas”, dice Teresa L.

Todavía quedan ocho meses para que el Estado cumpla la totalidad de la sentencia.

Este Diario buscó a las autoridades del Ministerio de Justicia para conocer los plazos. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. Lo mismo sucedió con el Ministerio de Salud sobre la campaña y la disculpa pública. Los pedidos de información se hicieron desde el 28 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, la Cruz Roja confirmó que el Ministerio de Salud ha solicitado su colaboración para el desarrollo de la campaña. Ahora hay un estricto proceso para evitar contagios.
En julio del 2015, según datos del Ministerio de Salud, 14 363 personas con VIH recibieron atención y medicinas en las unidades de salud públicas.

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