14 de abril de 2017 00:00

El ECU-911 empleará brazaletes para monitorear personas

En la gráfica se observa el momento en que se colocó el dispositivo electrónico a una persona que es procesada. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia

En la gráfica se observa el momento en que se colocó el dispositivo electrónico a una persona que es procesada. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia

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Redacción Seguridad

Ayer, jueves 13 de abril,  se conocieron más detalles en torno al uso de aparatos electrónicos para que las personas procesadas puedan defenderse en libertad. Estos dispositivos, que benefician, inicialmente a cuatro personas, fueron entregados en la sala siete de la Unidad de Flagrancia de Quito.

Antes de usarlos, a los procesados se les explicó sobre las implicaciones legales que implicaría el manejo incorrecto.
Por eso, el grupo firmó un acta compromiso que les obliga a cuidar este bien. “En caso de mal uso, la persona podría enfrentar nuevos procesos por daño a bienes públicos o evasión”, explicó Fabián Rosas, subsecretario de Rehabilitación del Ministerio de Justicia.

La representante de la Defensoría Pública, que estuvo en la entrega de los equipos, dijo que el uso de este dispositivo garantiza el derecho a defenderse en libertad y aportar con pruebas a su favor.

Asegura que también es una ayuda para los ofendidos, pues advierte que se garantiza la presencia del sospechoso para seguir con la investigación.

Por eso, quienes utilizan los aparatos deberán presentarse en 10 días, para continuar el proceso de indagación del delito por el que se los acusa.

En su comunicado, el Ministerio de Justicia advierte que esto también impedirá que los casos queden impunes a causa de las audiencias fallidas.

Una de las personas que ahora tiene este aparato dijo que es una ventaja no estar privado de libertad mientras dure la investigación. “Por un error en medio de tragos podían mandarme preso, pero ahora puedo defenderme desde afuera, sin dejar de hacer las cosas que debo cumplir con mi familia”.

Los dispositivos están anclados al sistema de monitoreo del ECU-911 y a todas las instituciones del sistema judicial.

En cambio, el 1 de febrero se instalaron los aparatos, por ejemplo, a quienes devengaron más del 60% de la pena interpuesta. “El uso del brazalete fortalece los procesos de reinserción social”, sostiene el Ministerio de Justicia.

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