13 de November de 2009 00:00

Dudan de validez de firmas por referendo para reelección de Uribe

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Bogotá, AFP

Jueces convocados por el máximo tribunal electoral colombiano para dar un concepto sobre la legalidad del proceso de convocatoria a un referendo que permite una segunda reelección a Álvaro Uribe recomendaron declarar la invalidez de las firmas, según dijo uno de ellos.

"Todo el proceso surtido (por los impulsadores del referendo) ante la Organización Electoral fue violatorio de las condiciones de plena garantía que exige la Constitución Política, por violación de los topes de financiación", opinó el juez electoral Carlos Mario Isaza.

Isaza es uno de los tres jueces contratados por el Consejo Nacional Electoral para que se pronuncien sobre la legalidad del proceso de recolección de firmas e inscripción de la convocatoria de un referendo, impulsado por políticos aliados a Uribe, que modificaría la Constitución y le permitiría presentarse a las urnas por tercera vez consecutiva.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Oscar Giraldo, dijo este viernes desconocer el concepto y aclaró que la decisión de los jueces no se puede interpretar aún como una decisión del máximo tribunal electoral. "Es un concepto el cual una vez conozcamos vamos a estudiar", dijo Giraldo a la AFP .

Por su parte, el también magistrado del CNE, Marco Hincapié aseguró que "el anuncio tendrá que ser analizado en sala plena".

Los conjueces fueron nombrados por el CNE luego de que la entidad no logró tomar una decisión sobre la ponencia del magistrado Joaquín José Vives, que proponía formular cargos contra miembros del comité promotor del referendo.

En septiembre pasado, el Congreso colombiano aprobó una polémica ley que convoca a los colombianos a un referendo para modificar la Constitución y permitirle así a Uribe un tercer mandato consecutivo, en medio de denuncias de la oposición sobre el pago de sobornos por parte del actual presidente.

Una vez aprobado en el Legislativo la norma es revisada por la Corte Constitucional. Este tribunal, integrado por ocho magistrados, debe certificar que el trámite del proceso es conforme a la Constitución, un estudio que podría tardar hasta cinco meses.

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