Hasta 30 días es suspendido el alumno que vende drogas

En un colegio de Quitosehadetectadoqueel10%de los alumnos tiene problemas con el consumo y venta de drogas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En un colegio de Quitosehadetectadoqueel10%de los alumnos tiene problemas con el consumo y venta de drogas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En un colegio de Quitosehadetectadoqueel10%de los alumnos tiene problemas con el consumo y venta de drogas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Su vestimenta escondía un secreto. Si llevaba gorra roja significaba que vendía marihuana y si usaba gorra azul era porque tenía base de cocaína.

Sus compañeros del colegio sabían sus códigos. Se acercaban, saludaban con un típico cruce de manos, como acostumbran los adolescentes.

Pero algo se veía sospechoso. Al chocar las manos se detenían por unos segundos.

Ese movimiento era mucho más lento del que hacía el resto de estudiantes. Así fue como el Rector de un colegio de Quito detectó que un alumno vendía drogas dentro del plantel.

Este fue un caso más, que se sumaba a una lista de aproximadamente 300 chicos de ese establecimiento (el 10% de su población estudiantil) con problemas por consumo o venta de estupefacientes.

El año pasado, el Ministerio de Educación elaboró un protocolo para que los educadores supieran qué pasos seguir si detectaban que alumnos comercializan estas sustancias.

Pablo Ormaza estuvo al frente de la creación de este documento. Él es Director Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir y advierte que la idea es dar charlas a los alumnos o pedir al Ministerio de Salud que los médicos ayuden a la desintoxicación de los afectados, mientras reciban tareas dirigidas.

Estas medidas comenzaron a ejecutarse desde junio del 2015 en 14 000 colegios y escuelas que operan a escala nacional.
¿Ha dado resultados? Una primera evaluación estará lista en marzo. Pero el Rector de un colegio confirma que ellos tienen su propio sistema para intervenir en caso de que los chicos vendan alcaloides.

Allí, los profesores han descubierto estos hechos.
Esto ha dejado secuelas. El Rector tiene una denuncia en la que un maestro fue amenazado de muerte por personas desconocidas que le llamaron por celular. Esto ocurrió en febrero del año pasado.

Hasta ahora no hay respuestas sobre qué mafias entregan las dosis a los alumnos.

En la Dinapen (Policía de Menores) los investigadores aseguran que sí se investiga la venta interna, pero advierten que el consumo es más fuerte.

El año pasado se realizaron 1 109 requisas dentro de los planteles secundarios de Quito. Mientras que en Guayaquil, entre enero y septiembre del año pasado, se ejecutaron 222 operativos y se identificó a 126 menores infractores.

El miércoles, este Diario habló con Mariela. Ella es madre de Santiago. Ese día estaba en su casa y allí contó que en marzo del 2015 recibió la llamada de un profesor.

Él le indicó que debía ir de urgencia al plantel. Cuando llegó, su hijo estaba sentado en el Rectorado.

El Rector había colocado en una mesa tres fundas que adentro escondían marihuana.

La Ley Orgánica Intercultural Bilingüe (art. 330) detalla que la venta de drogas es una falta “muy grave”. En esos casos, dispone informar a las direcciones distritales. Allí se conforma una Junta de Resolución de Conflictos, que puede suspender al estudiante hasta 30 días. Y en ningún caso se aplicará la expulsión.

Pero la madre de Santiago cuenta que el Rector le pidió que lo sacara del colegio y que a cambio no denunciaría la falta en la Fiscalía. Por temor, ese mismo día se llevó a su hijo y dos días más tarde comenzó clases en un centro particular.

Esta ley (art. 331) también señala que los chicos que reinciden pueden ser reubicados en otras instituciones educativas.

Eso sucedió con Carlos. Tiene 14 años y en enero del 2015 lo encontraron con droga dentro de los zapatos. Un inspector los encontró a él y a otros jóvenes debajo de las gradas del coliseo. Este comportamiento era reiterado y por eso lo llevaron al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Actualmente, hay 1 535 de estos departamentos en el país, que cubren el 98% de todos los planteles grandes que funcionan a escala nacional.

Precisamente, en el DECE, Carlos aceptó que vendía, pero que no quería rehabilitarse.

Por eso lo mandaron a otro colegio. Esa fue la solución que le dieron, pero en el nuevo plantel siguió con la venta.

Cuando eso ocurrió, las autoridades le obligaron a que acudiera todas las tardes al DECE para recibir charlas.

Para quienes tienen problemas más graves, que conducen al consumo descontrolado, en Quito hay dos centros para tratamiento de adicciones.

En este momento, en el centro del sur de la ciudad se rehabilitan 20 chicos. El comportamiento habitual de estos jóvenes es que cuando ya no tienen dinero comienzan a vender droga, para costear su propio consumo.

En medio de todos estos hechos, 700 policías vigilan las afueras de los planteles. La idea es evitar que se acerquen las bandas de microtráfico.

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