14 de mayo de 2016 22:47

A través de donaciones se intentó pasar droga

La Policía hace patrullajes en los albergues de Portoviejo para evitar incidentes. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Policía hace patrullajes en Pedernales, en el albergue La Nueva Terminal, para evitar incidentes. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Adriana Noboa
Desde Pedernales (I)

Luego del terremoto del 16 de abril, la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía incrementó a más del doble su personal en las zonas afectadas. En total hay 7 403 efectivos de la Policía. El objetivo: evitar que los traficantes se aprovechen de la situación vulnerable de la población.

También se reforzaron los controles y la vigilancia en la frontera norte del país y en las carreteras hacia las zonas afectadas. Esto se ha traducido en más incautaciones en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

Los casos más importantes, según la Policía, fueron dos, pero en ambos los traficantes “trataron de aprovecharse de la situación”, según Fredy Ramos, director Nacional Antinarcóticos.

Uno de los casos se dio en Portoviejo, el 27 de abril, cuando se incautaron 420 kilos de cocaína. Iban camuflados entre vituallas y agua, supuestamente para los damnificados, detalla el oficial.

Solo cinco días antes, otro grupo intentó usar las rutas afectadas por el terremoto desde Esmeraldas para tras­ladar 138 kilos de marihuana en una camioneta.

Este caso es particular, ya que la droga iba en un vehículo conducido por dos militares activos, uniformados, y acompañados de un civil que recibía las órdenes, dice Ramos.

También se han desarrollado operativos pequeños contra el microtráfico en Paján, Jipijapa, Manta, Portoviejo, Pedernales, 24 de Mayo, entre otros.

Por ejemplo, en Pedernales se detuvo a 16 integrantes de una organización, quienes se disponían a expender 2 kilos de marihuana y cocaína.

Ramos aclara que no se puede afirmar que la venta de drogas se haya incrementado en las zonas afectadas; sin embargo, hay ese riesgo. Por eso se han movilizado equipos de Inteligencia, el Grupo Especial Móvil y la Unidad Canina.

Además de las jefaturas fijas, Antinarcóticos ha identificado puntos vulnerables donde se han implementado puestos de vigilancia como Canoa, Pedernales, Bahía, Muisne, San Vicente. La Policía tiene a su cargo la seguridad integral en todos los temas de prevención y delitos flagrantes, según explica el coronel Hernán Carrillo, encargado de la coordinación en Pedernales.

Entre las medidas más cercanas a la población está la creación de puntos estratégicos de vigilancia. En esta ciudad hay 42 Unidades de Policía Comunitaria móviles.

Uno de los objetivos es generar confianza en la ciudadanía. Los policías trabajan a pie, recorriendo el sector donde están asignados y así van levantando información. Y la seguridad dentro de los albergues está a cargo solo de policías mujeres, que recibieron capacitación especial.

Carrillo explica que no hay evidencia objetiva de que haya drogodependientes en Pedernales, que es la primera señal de alerta para trabajar contra el microtráfico. Sin embargo, aclara que la percepción de la población ahora es distinta. Presume que con la presencia de uniformados las mafias se abstienen de operar.

En Nuevo Pedernales, pobladores de los refugios informales comentan que desde la llegada de la UPC ya no se expenden drogas en la localidad, aunque los distribuidores viven ahí mismo.
Pero denuncian que la delincuencia genera, como robos e incluso hechos de violencia, se ha mantenido. Se sienten más vulnerables a la violencia común que a las drogas, pese a la presencia policial.

En el albergue oficial de la Nueva Terminal, el control de ingreso y salida es intenso. Precisamente, quieren evitar la entrada de productos no permitidos o peligrosos, entre ellos droga y alcohol.

Las policías registran a quienes entran y comprueban que al final de la jornada hayan abandonado las instalaciones.

Solo los damnificados, que usan un brazalete amarillo, y los servidores públicos que trabajan ahí pueden moverse libremente.
Se revisan bolsos, mochilas, carteras y todas las personas ajenas al albergue deben contar con autorización e identificarse plenamente para poder ingresar a los sitios.

Los servidores públicos en la Nueva Terminal cuentan el caso de un joven consumidor. A través de un pedido del personal del Ministerio del Interior la Unidad de Inteligencia lo investigó y lo confirmó, aseguraron. Sin embargo, el hombre abandonó voluntariamente las instalaciones al verse descubierto, pese a que no había causado problemas.

La Policía señala que su permanencia en la zona y las medidas extras tomadas para evitar el tráfico y microtráfico de drogas se deberían mantener más allá de los 60 días de la emergencia.

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