22 de March de 2010 00:00

Doce años sin nombrar jueces de paz

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Redacción Judicial

La pequeña sala donde funciona la Comisaría de Contravenciones Flagrantes (Juan L. Mera y Roca)  siempre está concurrida. Es miércoles y Verónica Aguirre, la comisaria que ese día estuvo de turno en la Policía Judicial (PJ), recibe cada día  denuncias por arranche de celulares, robo de carteras, peleas entre vecinos… En total, cada día ingresan hasta 20 causas.

Los comisarios pueden actuar en 119 tipos de contravenciones agrupadas en cuatro clases. Lo hacen aunque desde el 5 de junio de 1998, la Constitución aprobada en Sangolquí (afueras de Quito) determina que esa tarea corresponde a los jueces de paz.

El artículo 189 de esa norma establece que ellos “resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones”.  Diez años después, la Asamblea de Montecristi ratificó el texto. Desde allí  han pasado dos años más y hasta hoy no se concreta la creación de esos juzgados.

En el Ministerio de Justicia, la  subsecretaria de Coordinación Interinstitucional, Carla Hidalgo, dice que sí hay avances en el tema. En diciembre del 2009, se contrató en USD 30 000 una consultoría para establecer la estructura jurídica que regirá para los nuevos jueces. Pero todavía no se sabe cuándo estará el informe final.

Hidalgo aclara que esta es la única contribución del Ministerio de Justicia en la implementación de juzgados de paz y que el resto depende del Consejo de la Judicatura (CJ). En ese organismo, el principal problema es  el presupuestario. El director general del CJ, Gustavo Donoso, reconoce que crear cada judicatura (juez, secretario, ayudante y amanuense) cuesta de  USD 80 000 y 90 000  cada   año. “Poco a poco  buscaremos   alternativas presupuestarias para cubrir  esto”.

El funcionario sabe que la falta de estos  jueces retarda el  juzgamiento  de las  contravenciones. 

La Comisaría donde atiende Aguirre funciona por turnos. Allí actúan cuatro comisarios que  hay   en Quito, pero únicamente   hasta las 22:00 y no las 24 horas como lo hacen los  fiscales que en el mismo  edificio de la PJ   tramitan delitos flagrantes (asalto a mano armada, por ejemplo). 

Si una persona acusada por contravención flagrante ingresa a la PJ luego de las 22:00 debe esperar al siguiente día para el juzgamiento.  Eso lo reconocen el  comisario  tercero, Danny Roa, y el asesor jurídico  de la Policía Judicial,   Patricio Marcillo.    

Carlos P., por ejemplo, fue detenido a las  23:15 del martes    supuestamente por abrir un vehículo estacionado en las avenidas 10 de Agosto y  NN.UU. e intentar robar el radio.   El dueño  del auto y tres   amigos detuvieron al joven.

Diez minutos después, dos policías lo arrestaron y  a las 23:45 cuando ingresó a la Policía Judicial  la Comisaría ya no atendía.

Al siguiente día,  la hermana   de Carlos P., Rocío P., permanecía en la puerta principal de la PJ.   “Estoy    esperando   a  que  salga, porque  no   robó nada y  ni     hay   ni       denuncia”.

En la Asamblea del 2008, el legislador oficialista Gabriel Rivera fue parte de la Comisión siete de Justicia. Hoy sigue  como asambleísta  de Alianza País y advierte que la   idea de crear   Jueces de Paz    precisamente  fue   agilitar el  juzgamiento.  “(Los jueces) ya deberían existir, pero es responsabilidad del Consejo de la Judicatura”.

Por eso,  Roa advierte   que están   en funciones prorrogadas.

Para crear los juzgados tampoco existe espacio físico, mobiliario ni equipos. Una vez creada la Unidad de Flagrancia en la Policía Judicial, los comisarios ocuparon una parte de la planta de esa institución. En esa oficina,  con piso de baldosa,  puerta de madera y    que no mide más de cuatro metros cuadrados,   se  receptan denuncias,  se  realizan audiencias, ingresan detenidos y acusadores...

Donoso maneja una  alternativa  para la creación de  los juzgados. Él funcionario dice  que se puede   esperar a que los recientemente posesionados miembros del Consejo de Participación Ciudadana nombren a los   integrantes del Consejo de la Judicatura.  Y que   ese organismo    convoque a los  interesados en ser jueces de contravenciones y los elijan.

Delitos de flagrancia

Lo que sí se ha nombrado  hasta hoy  son   jueces de delitos flagrantes. Existen en Quito, Guayaquil y Manta. En la capital,  hacen turnos  en el mismo edificio de la Policía Judicial.

En delitos flagrantes,  los jueces dicen   que   solo en     el 1%  se llega a sentencia.   Mientras que en contravenciones, el principal problemas es que no se presentan denuncias.    

Según la Constitución del 2008, lo  jueces de paz usarán   mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso...  para adoptar     resoluciones, que “garanticen   y respeten  los derechos reconocidos”.

Para acudir a los   jueces  de paz   no se requerirá abogado.

95 días para ver las atribuciones

La firma consultora que el Ministerio de Justicia contrató para establecer la estructura jurídica de los jueces de paz trabajó 95 días, desde diciembre del 2009.

Para la contratación de este servicio no se convocó a concurso, sino que la negociación fue directa. Eso lo reconoce la subsecretaria de Coordinación Interinstitucional de esta Secretaría de Estado, Carla Hidalgo. “Hasta 44 000 podemos hacer contratación directa. Eso sí,  vimos  bien  quiénes son las firmas que trabajan en este  tema y que tengan experiencia”.

El informe presentado por la firma consultora determina las atribuciones y límites jurídicos que tendrán los nuevos jueces.  Y en este momento es analizado por las autoridades de Justicia. 

Una vez que se concreten los juzgados, las  comisarías tendrán nuevas atribuciones, aunque   eso  también   está por   definirse. El director general de la Judicatura, Gustavo Donoso, sostiene que los nuevos funcionarios  serán nombrados  por este organismo.

Por eso,  el penalista  Rigoberto Ibarra cree que  cuando   se llame  a concurso,  los comisarios que en este momento  juzgan las contravenciones  deberían tener  prioridad.  “Ellos  han trabajado por años, tienen experiencia  y  saben   sobre   esta materia. Estos jueces aliviarían muchísimo el tratamiento de las contravenciones de Policía, que muchas veces hasta pasan al área penal”. Ibarra cuestiona el hecho de que se creen    cargos como estos    “sin antes contar con recursos económicos”,  para  ponerlos en marcha.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)