El certamen internacional destacó las características de esta moderna construcción, que tiene 16 pisos y está ubicado en la Plaza Artigas, entre las avenidas 12 de Octubre y La Coruña. Es un diseño arquitectónico ultramoderno recubierto por cristal, granito y acero inoxidable.
Entre los comentarios favorables recogidos en comunidades especializadas en arquitectura en Internet, un crítico apuntó que “debería ser más alto para que sea un hito latinoamericano. De 40 pisos para arriba se vería superlativo”. Los constructores explicaron que Quito tiene una restricción de altura debido a que el aeropuerto está en la ciudad.
Y el Urban Plaza tuvo que acogerse a esas ordenanzas municipales. Uno de sus creadores, el arquitecto Christian Wiese, explica que el Urban Plaza está en construcción, como todas las de su categoría, equipamientos con tecnología de última generación: fibra óptica, aire acondicionado, detector de metales, sistemas contraincendios y de seguridad.
Posee, además, cinco parqueaderos subterráneos, 21 estacionamientos para visitas, salón comunal de 90 m² equipado con bar y cafería. Los ingresos precisan de tarjetas magnéticas y de claves.
ENTREVISTA
Ángel Vilema
Asambleísta de Alianza País
‘Hay que definir el perfil del consejero de comunicación’
Redacción Política
¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Es una de las caras nuevas de la bancada de Alianza País. Tiene 30 años y es abogado.
Fue electo asambleísta por Galápagos. Es miembro permanente de la Comisión de Biodiversidad del Legislativo y fue designado para la Comisión Ocasional de Comunicación.
¿Cómo se puede lograr un Consejo de Comunicación independiente del Ejecutivo y de los otros podres?
Ese es uno de los objetivos fundamentales del acuerdo y que será acatado. El acuerdo dice que debe ser independiente, autónomo del Ejecutivo y de los poderes fácticos. Creo que es una buena iniciativa que la ciudadanía tenga la mayoría de representatividad en el Consejo y que en ellos se incluya a sectores vulnerables.
¿Qué quieren decir con poderes fácticos?
Que el Consejo sea independiente del Ejecutivo, Legislativo, Judicial o de cualquier otro poder institucionalizado. Además, debe ser autónomo de todos ellos.
Por ejemplo, el MPD presentó una propuesta para que en el Consejo se encuentren representantes de los estudiantes, indígenas… ¿Cómo escoger a los integrantes de ese nuevo organismo?
Hay mecanismos establecidos en la Carta Magna y en la Ley de Participación Ciudadana que ayudarán a escoger a los mejores representantes. Se deben realizar los concursos necesarios para que se garantice que las personas sean independientes.
¿Pero sería una elección con concurso de oposición y merecimientos, con impugnaciones? ¿Cuál organismo deberá cumplir esa tarea?
La Constitución y la Ley de Participación ya tienen las reglas para realizar estos concursos. Entonces, tienen que ser el nuevo Consejo de Participación y el Consejo Nacional Electoral los que deberán organizar un concurso de oposición y merecimientos. Esto servirá para que las personas más calificadas e idóneas cumplan con esta tarea.
¿Cuál debe ser el perfil que deberá tener un consejero? ¿Una persona técnica o un ciudadano común?
Este tema es fundamental y no está dentro del acuerdo legislativo. Acordémonos que el Consejo será una entidad técnica, pero tampoco podemos negar el derecho de un ciudadano a participar, que es una facultad que le entrega la Constitución.
¿Usted prefiere un especialista o el representante de un sector de la sociedad?
Creo que en la Ley debemos establecer que el consejero tenga por lo menos conocimientos mínimos de comunicación. Ellos no deben tomar decisiones políticas, sino basadas en razones técnicas. Esta es la única manera de precautelar la libertad de opinión y garantizar los derechos.
También existe polémica por las facultades que tendrá el Consejo. En el primer informe se le facultaba hasta definir las sanciones para un medio. ¿Las facultades también deberán reformarse?
Vamos a impulsar lo que señala el acuerdo, para que este Consejo precautele los derechos a la comunicación, que llegue solo hasta la suspensión de un programa determinado, pero no de todo el medio. Debemos analizar cómo se lo hará, por ejemplo, no se ha debatido qué pasará cuando el artículo de una revista atente contra esos derechos.
Su colega Betty Carrillo evidenció esa preocupación porque no existe una norma para regular a medios impresos. ¿Para usted, también se debe regular a estos medios?
Todos son medios de comunicación. Es un tema complejo que merece una discusión profunda, no solo desde el punto de vista político, sino técnico y jurídico.
Hay otros temas pendientes que se quedaron fuera del acuerdo. ¿Cuáles deben ser incluidos urgentemente?
El de la profesionalización obligatoria para los periodistas. En las propuestas que enviaron los asambleístas a la comisión hay un criterio dividido. Unos creen que es un oficio y que puede ser realizado por cualquier persona. Otros señalan que es una profesión y que debe cumplir con un perfil académico.
Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que no se puede exigir la profesionalización obligatoria. ¿Qué piensa usted?
La Comisión debe respetar ese tema. Los artículos de la profesionalización deben ser cambiados estructuralmente de lo que se señaló en el primer informe.
¿Otro punto de discusión será el control de la publicidad en los medios?
Hay que tomar en cuenta a la publicidad estatal. No hay ningún artículo que hable sobre eso. Esto merece un mayor análisis.
¿La publicidad estatal quiere decir cadenas, ‘spots’?
Todo eso. Hay que desarrollar ese tema. Hay la obligación de las autoridades de rendir cuentas, pero la ley no dice nada sobre la regulación. Todas las autoridades de elección popular deben acceder a espacios en los medios.
Eso no quiere decir que habrá una avalancha de publicidad estatal…
Hay que regular el uso de los espacios e imponer restricciones. Todas las autoridades y no solo una, todos los poderes y no solo uno deben tener la oportunidad de presentar su información.