24 de julio de 2016 00:00

La discapacidad entra en la agenda electoral

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Mario Alexis González

Promocionales impresos con sistema de lectura braille y cuñas televisivas en lenguaje de señas o subtítulos. Esas son algunas de las propuestas que los partidos y movimientos políticos tienen para llegar a las personas con discapacidad.

El reglamento para la participación política de las personas con discapacidad establece que las organizaciones procurarán implementar ese tipo de mecanismos para hacer inclusivo el proceso electoral.

En las elecciones del 2014, estos lineamientos fueron discrecionales. Sin embargo, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, confirmó que se está considerando volverlo obligatorio para febrero del 2017.

“Hay que instaurar mecanismos que logren una incorporación efectiva a sus derechos políticos”, dijo el funcionario.

En 23 provincias, la entidad desarrolla escuelas de líderes. 600 personas con discapacidad son capacitadas para involucrarse en espacios de decisión y participación política.

Se firmará un convenio con el Conadis para concienciar a los candidatos y que estos incluyan en su agenda de campaña a estas personas.

En el país, según los registros del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), hay unas 408 021 personas con discapacidad. De ese total, al menos el 75% estaría en capacidad de votar en las siguientes elecciones.

En el último proceso, en el 2014, hubo 304 108 personas con discapacidad empadronadas. 228 673 votaron. Para este grupo es facultativo, así como para adultos mayores y adolescentes de entre 16 y 18 años.


Dalo Bucaram, precandidato por Fuerza Ecuador (FE), dice tener una “especial preocupación” en esta temática. El exlegislador por el PRE aprendió lenguaje de señas hace más de un año para “llegar de mejor manera” a las personas con discapacidad auditiva.

Además, una de sus propuestas es incluir en la malla curricular de educación primaria este tipo de lenguaje.

Para la campaña de los comicios de febrero del 2017 indica que FE producirá cuñas con señas y con subtítulos, es decir, exclusivas para personas con discapacidad auditiva. Además, contratarán expertos en el diseño y producción de impresos con lectura braille.

Javier Serrano, presidente de la Comisión Electoral de Alianza País (AP), asegura que desde el 2013 personas con discapacidad participan en las escuelas ideológicas del partido, procesos de democracia interna y son postulados como candidatos, como el caso del exvicepresidente Lenin Moreno.

Sin embargo, dice que tendrán que analizar el reglamento e incluir los nuevos lineamientos en su difusión, si el CNE lo dispone.

Paco Moncayo, uno de los precandidatos del Acuerdo Nacional por el Cambio, acepta que no han pensado en esta posibilidad.

Pese a estar de acuerdo con la importancia, indica que la obligatoriedad debe ser analizada a profundidad. El martes (26 de julio de 2016) está previsto que se analice el tema al interior del Acuerdo.

Algo similar pasa en la Unidad. Santiago Guarderas, director de Pichincha del Partido Social Cristiano (PSC), manifiesta que hasta el momento no lo han estudiado.

Asegura que la Unidad se ha centrado en el plan de gobierno, luego pasarán a la elección de candidatos y, al final, con ­todos los insumos, generarán la estrategia de campaña.

Según los indicadores de participación política del CNE, los medios más observados por las personas con discapacidad en el país son la televisión (61%), el celular (16%) la radio (10%), la Internet (12%) y la prensa escrita (1%).

Luis Humberto Moreno vive en Quito, tiene 38 años y 80% de discapacidad visual. Participó en los comicios del 2014.

Dice que generalmente no se cuenta con los elementos necesarios para tomar decisiones electorales. El Estado, agrega, ha dado “grandes pasos” hacia la inclusión electoral. Pero hace falta que los partidos políticos se involucren.

Las personas que tengan una discapacidad física superior al 75%, con hemiplejia o paraplejia, pueden ejercer su derecho en su casa. En el 2013, ese tipo de votos fue usado por 19 personas, en el 2014 por 200 y se espera que en el 2017 sean al menos unos 2 000 los beneficiarios. Según Pozo, esta iniciativa ecuatoriana ha sido replicada por República Dominicana y Paraguay.

Las demás personas con discapacidad pueden elegir una persona de su confianza para que las asistan en el sufragio.

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