1 de mayo de 2017 00:00

Los dirigentes de los transportistas tienen cinco pedidos a Lenín Moreno

Los dirigentes esperan cambios legales e institucionales; también pago de subsidios. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

Los dirigentes esperan cambios legales e institucionales; también pago de subsidios. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

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Ana María Carvajal

Los gremios de profesionales en transporte de pasajeros y de carga pesada tienen una agenda para tratar con el nuevo Gobierno. En esta se proponen al menos cinco prioridades, que esperan poner sobre la mesa, cuando se concrete una audiencia con el presidente electo, Lenín Moreno.

Las necesidades de que exista un Ministerio de Transporte, separado de la cartera de Obras Públicas y de reformas en la Ley de Tránsito forman parte de la lista.

También, el control para eliminar la informalidad en el transporte, el pago de montos adeudados por subsidios de pasajes y un mayor control en la formación de choferes profesionales son las preocupaciones, según cuatro dirigentes nacionales.

Con el Régimen saliente, los transportistas tuvieron un diálogo directo. Hubo dos reuniones anuales, desde el 2012.

Esas citas sirvieron como puente para lograr beneficios como una compensación por el cobro de tarifas diferenciadas para personas de la tercera edad, con discapacidad y menores de edad.

También, un bono por chatarrización, una exención tributaria para la importación de llantas y aceites, la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de vehículos nuevos, entre otros.

El director del Observatorio de la Movilidad, Cristóbal Buendía, coincide con los gremios en que existe la necesidad de que haya un Ministerio de Transporte, porque si bien puede ir de la mano con las obras públicas, requiere mayor atención.

Sin embargo, cree que el nuevo Gobierno debería revisar los términos de las relaciones con los transportistas.

Buendía señala al menos tres puntos neurálgicos. El mecanismo de recuperación de puntos en la licencia de conducir que, a su criterio, diluye el objetivo de sancionar las infracciones de tránsito con la posibilidad de perderla.

Además, cree que los sindicatos de choferes no deberían encargarse de formar nuevos conductores, porque “pone al lobo a cuidar de la gallina. Allí hay un conflicto de intereses”.

En 10 años de Gobierno se ha reforzado un modelo de gestión que permite que haya dueños de buses asociados en un emprendimiento y no empresas. Esto, señala Buendía, precariza los distintos modos de transporte porque cada dueño maneja su personal, los conductores suelen tener jornadas con más horas de las que determina la ley y se eleva el costo de operaciones.

Las paralizaciones de transportistas, comunes en anteriores gobiernos, no afectaron al del presidente Rafael Correa. Esto pese a las deudas pendientes, que tensionaron la relación en más de una ocasión.

El gremio de transporte de pasajeros exige el pago de alrededor de USD 218 millones por concepto de subsidio de tarifas reducidas entre el 2014 y fines del 2016. El Gobierno, por su parte, se ha comprometido a honrar los pagos.

El Observatorio de Movilidad señala que esas constantes reuniones con el Presidente han politizado un trabajo que debería ser técnico.

Pero, los gremios ahora esperan que el vínculo se mantenga en el nuevo Gobierno, tal como con el anterior.

Aunque ahora, sus exigencias aumentan. Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxis del Ecuador, que reúne a 60 000 “taxistas históricos”, 1 100 operadoras convencionales y 24 uniones provinciales pide una extensión del Plan Renova para quienes necesitan cambiar vehículos que cumplieron su vida útil.

En el caso del taxismo y del transporte urbano e interparroquial, existen regulaciones a cargo de los municipios. Calderón cree que en ese ámbito se han abierto nichos de corrupción para crear nuevas cooperativas sin sustento técnico. Por ello pide una reforma del Cootad, que regule las atribuciones municipales para transporte de pasajeros.

Los transportistas pesados, representados por Juan Carlos Andrade y Nelson Chávez, consideran que la Agencia Nacional de Tránsito está en deuda con el sector, en cuanto a estudios sobre cantidad de vehículos vs. volumen de carga. Solicitan que se cree una base de datos que permita generar una política adecuada para crear nuevas empresas.

Además, consideran que se debe aprovechar la existencia de la norma de la Comunidad Andina de Naciones para que, a partir de ella, se generen fuentes de empleo para transportistas internacionales.

Y Abel Gómez, de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), asegura que el gremio cumplió con su parte de renovación de la flota e inversión en mantenimiento vehicular, pero que, mientras no se regule la informalidad y se paguen los subsidios, no se puede avanzar.

A su criterio,el Estado debe cubrir el monto porque es responsable del área social y no los municipios.

Moreno, en una reunión en Quito, en octubre pasado, pidió paciencia al gremio. Allí y en otra reunión, en Babahoyo, federaciones de transporte lo apoyaron como candidato. Él ofreció continuar mejorando sus condiciones de trabajo.

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