15 de March de 2010 00:00

El Estado dio USD 100 000 a la Aldhu

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Redacción Judicial

La puerta de la  oficina de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), en Quito,   está cerrada. Sus integrantes  acuden de forma esporádica  y se reúnen en privado desde diciembre. En ese mes, el Ministerio de Gobierno  intensificó una investigación por  la asignación de fondos que  esa Cartera dio a la Aldhu.

En 2008, la asociación recibió   USD 100 000, cuando  el monto aprobado en la Pro forma Presupuestaria del año 2008, presentada por el Departamento de Presupuesto a la Directora Financiera, era de  apenas USD 4 256.

Fredy Rivera, ex subsecretario de Seguridad Interna,  pidió  una explicación al  entonces director de auditoría, Gonzalo Carrera. 

A través del oficio 0766 -del 30 de diciembre del 2009-   el director de Gestión Financiera, Diego Gallo, informó además que su departamento  “desconoce la razón por la cual se consideró el valor de USD 100 000, ya que el Grupo de Transferencias Corrientes fue ingresado en el sistema Sigef, por la Directora Financiera”.

La  encargada del área financiera de la época era Yanina Morales. Ella aseguró que el aumento se dio tras un pedido de la Aldhu. “Nos solicitaron con oficio el incremento al presupuesto  directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional”.

Las transferencias -dice Morales en un escrito del  22 de diciembre del 2009- se dieron a partir del 17 de abril de 2008, “período en el que yo me encontraba fuera del Ministerio”. 

Según la ex Directora Financiera, se consideró en la Pro forma del 2008 los   USD 100 000 para la Aldhu con base en  la carta  compromiso firmada entre el Ministerio de Gobierno  y  Juan de Dios  Parra, titular  de la Aldhu.

Entre 2007 y 2008 hubo dos ministros de Gobierno: Fernando Bustamante y Gustavo Larrea. Bustamante aseguró que  desconoce sobre esta asignación. “Es la primera noticia que tengo sobre eso”, enfatizó  el sábado por la tarde a este Diario,   vía telefónica.

Gustavo Larrea, en cambio, dijo:   “Yo ya no estaba en funciones en el Ministerio sino Bustamante.  No podía aprobar ningún desembolso”. Larrea integró la Aldhu antes de ser parte del Gobierno. 

Fredy Rivera  buscó explicaciones sobre la  asignación   desde el 27 de noviembre, pero inicialmente  no tuvo una respuesta. El 12 de enero del 2010 envió un tercer escrito oficial donde  solicitó  “por última vez” la documentación al director de Auditoría.

A través del memorando Nº SSI-MG-2010-015 dio un plazo de  48 horas para entregar los “planes, programas o documentos de soporte”. De no atender el requerimiento, señala Rivera,   “procederé a solicitar su sanción”.

La respuesta llegó seis días después. El director de Auditoría Interna sostuvo  que el único documento que refleja el “beneficio” para Aldhu  es el Acta Compromiso de cooperación que se suscribió con el  Gobierno  en  1990.

Allí   se establece que la Secretaría General de esa asociación y sus bienes gozan de inmunidad de jurisdicción: “sus bienes y archivos son inviolables y están exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación y de toda forma de intervención”

Pero el 25 de febrero del 2009, el  presidente Rafael Correa    dio por terminado dicho Acuerdo a través del Decreto Ejecutivo 1582 y se dio  vía libre para pedir cuentas a la Aldhu.

El detonante fue la entrega injustificada de certificados de refugiados a colombianos que hizo  la Asociación en la frontera. Fredi Castillo estuvo a cargo del proceso como parte de la Aldhu, pero  fue señalado por Inteligencia como miliciano de las FARC.

José Ignacio Chauvín, cercano a Castillo, también apoyó la carnetización y él ahora es indagado por  su presunta participación en tráfico de drogas de las FARC.

Rivera pidió a la  Contraloría que “designe los respectivos auditores externos” para que  realice un examen especial a las cuentas de la asociación entre 2005 y 2009.   Pero el ente de control ya hizo en   2009 otro examen a las cuentas. El 1 de septiembre de ese año entregó el oficio No 16886-DAE donde se asegura que no se encontró “hechos que ameriten una acción de control”.

Reacción

‘El  manejo de recursos fue más claro que el agua’
Sergio Gaete/ Encargado  de la   Aldhu en Ecuador

La Contraloría ya hizo un examen especial para determinar el uso de  los recursos públicos.

No encontró ninguna anomalía en la utilización del dinero. Entregamos la información  financiera   y todo estaba conforme a los requerimientos de la Ley.

Los peritos de la Contraloría estuvieron  15 días revisando la documentación. La información también se envió a la Asamblea, para que constate que no había ningún tipo de irregularidad.

En abril de 2009 terminó el examen especial y nos enviaron una carta donde se dice que  todo estaba en orden. No es el único documento que da cuenta de la transparencia de Aldhu. También tenemos una carta de la Procuraduría General del Estado y del propio Ministerio de Gobierno. 

Se hicieron todas las averiguaciones  y se comprobó que no hubo una  supuesta malversación de fondos. El manejo de recursos  fue más claro que el agua.  Ahora estamos  reestructurando la organización a puerta cerrada.

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