22 de January de 2010 00:00

El Estado dice a Vic que debe empadronar a extranjeros

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En los nueve años que reside Carlos Ordóñez en Vic,  municipio de la provincia de Barcelona, nunca vio tensiones ni conflictos relacionados con la inmigración. Este ecuatoriano dedicado a tareas de mantenimiento en el Hospital General de la ciudad dice que la convivencia allí es buena. “No sé qué pasa ahora para que el Alcalde se oponga a empadronar a los sin papeles”, cuestiona este dirigente de la Asociación de Ecuatorianos en Cataluña comarca Osona, que se ha unido a una decena de asociaciones para protestar por la medida.



Ley de Bases de Régimen Local:

Párrafo 2 del art. 16: La inscripción padronal contendrá los siguientes datos: a) Nombre y apellidos; b) Sexo; c) Domicilio habitual; d) Nacionalidad; e) Lugar y fecha de nacimiento; f) Número de documento nacional de identidad

Tratándose de extranjeros: 

Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas o, en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia; g) Certificado o título escolar o académico que se posea.  h) Cuantos otros  datos sean necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

El Ayuntamiento  de Torrejón de Ardoz también tiene prácticas discriminatorias: no empadrona con visado de turista y exige que el inmigrante resida en un espacio mayor a 20m2.La propuesta  de Vic es incluir como requisito de empadronamiento un visado de residencia, amparándose en una interpretación de la Ley de Extranjería. La idea es dejar fuera al 2% de inmigrantes irregulares que habitan esta localidad de 40 000 personas, 10  000 de ellas inmigrantes (1 200 ecuatorianos).

Sin embargo, luego de solicitar una respuesta oficial sobre la legalidad de su iniciativa, la Abogacía del Estado se manifestó diciendo que “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”, según la agencia DPA. 

Una estrategia electoral

La llegada de extranjeros a Vic no se ha incrementado significativamente. “A lo mucho se mantiene o incluso ha disminuido por lo que la idea de un arribo masivo de inmigrantes que pudieran colapsar los servicios, es errónea, cree Ordóñez. “Nosotros apuntamos a que el Alcalde aprovechó esta coyuntura para que sus votantes no se le vayan de las manos a un año de las elecciones”. Esa es la idea que ronda entre las asociaciones de inmigrantes, las ONG y un centenar de instituciones. “El Ayuntamiento hace esto para hacerle frente a un partido de extrema derecha con fuerte presencia. Pero ha cometido el peor de los errores al apropiarse de su discurso xenófobo pensando que le iba a quitar espacio”, dice Mauricio Valiente, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR. Ese contrincante es Josep Anglada, líder de la Plataforma per Catalunya, un partido ultraderechista que por primera vez es la segunda fuerza política de un consistorio. “Ellos siempre están más cerca del ciudadano, tratando de convencerle de que la inmigración es un problema”, asegura Ordóñez. “La mayoría de inmigrantes en Vic tenemos  tarjeta permanente o la nacionalidad y ya podemos votar, si querían votos, los nuestros no los van a tener”. Por su lado, el PP ha utilizado la polémica para hacer campaña. Han sido tibios en censurar a Vic, plantearon endurecer la Ley de Extranjería y calificaron el empadronamiento de extranjeros como una “puerta de entrada a la inmigración ilegal”.

Inviabilidad legal

Pero más allá de las razones que llevan a este municipio a plantear la medida, está el debate sobre su legalidad. Para el  Gobierno   e instituciones como CEAR, el Consejo General de la Abogacía Española, Cáritas, Cruz Roja, entre otros, no lo es. La propuesta vulnera la Ley de Extranjería y la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL). “La responsabilidad del los ayuntamientos es prestar servicios sociales, sanidad, educación. En ninguna ley dice que para facilitar estos derechos la regularidad es un requisito. Al municipio no le compete el control de fronteras. Se está mezclando el debate”, explica Sebastián Salinas, abogado experto en Extranjería.

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