14 de diciembre de 2015 00:00

6 tipos de delitos enfrentan los manifestantes

Silvia acudió el jueves pasado a la Corte Provincial de Pichincha para apoyar a su novio Carlos, quien fue arrestado en las protestas del 3 de diciembre. El joven está becado en la Universidad Andina y cursa un doctorado. Foto: EL COMERCIO

Silvia acudió el jueves pasado a la Corte Provincial de Pichincha para apoyar a su novio Carlos, quien fue arrestado en las protestas del 3 de diciembre. El joven está becado en la Universidad Andina y cursa un doctorado. Foto: EL COMERCIO

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Sara Ortiz

En febrero del 2016 recuperará su libertad. Wilson habrá pasado seis meses detenido. Cuando quede libre, las deudas y el desempleo le esperan.

Aun así, lo más duro ha sido el hecho de que su madre falleciera pocos días después de haber sido encarcelado. No pudo asistir al funeral, aunque estuvo una hora en el velatorio. Cinco policías lo custodiaron.

Wilson tiene 55 años y fue detenido el 13 de agosto en la plaza de Santo Domingo, en el Centro de Quito. Ese día se realizaba un paro nacional convocado por indígenas y sindicalistas. Se anunció como una manifestación pacífica, pero por la noche se evidenciaron actos de violencia contra la Policía
y esta respondió.

Ana es su esposa. Antes de su detención era ama de casa. Cuidaba de sus cuatro hijos, de entre 12 y 2 años, y su esposo
-que es un cabo reservista del Ejército- se encargaba del sustento económico. Tras el arresto, las cosas cambiaron. Ana comenzó a trabajar como niñera y en limpieza, pero no encuentra un trabajo formal.

En este año, la Fiscalía ha reportado en el país al menos 168 personas arrestadas en las manifestaciones en contra del Gobierno. Datos de este organismo dicen que el 70% de ellos recibió prisión preventiva. Se los procesó por ataque y resistencia, paralización de servicios públicos, incitación a la discordia, posesión de armas, daño a bien ajeno y deshonra a la Policía.

Ocho estudiantes del Colegio Mejía formaron parte de esa lista de detenidos. Cinco fueron procesados en junio pasado. Se los acusó de sabotaje, un delito contra el Estado que se sanciona con cárcel entre cinco y siete años. Después, la Fiscalía cambió el tipo penal por daño a bien ajeno, que tiene una sanción más leve.

Uno de los procesados pide que solo lo llamen Mateo. Él fue condenado a dos meses de cárcel por protestar contra la eliminación de la jornada nocturna, que fue desmentida por el Ministerio de Educación.

Tres meses han pasado desde que recuperó su libertad. Pero todavía experimenta las secuelas: tuvo que dejar el colegio como parte de una sanción disciplinaria. Ahora trabaja a tiempo completo y el próximo año estudiará, pero a distancia.

Para José Amaya, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, “criminalizar la protesta con delitos como sabotaje o terrorismo es desproporcionado y permite al juez hacer una interpretación arbitraria”. “Estas medidas promueven el amedrentamiento y las limitaciones de los derechos de participación”.

Para el Ministerio del Interior, las heridas y contusiones de agentes agredidos demuestran un nivel de hostilidad que “tiene que ser juzgado”.

En la última manifestación, del pasado 3 de diciembre, también se registraron actos de violencia. Interior incluso dijo que en esta última protesta hubo una “brutal violencia sin razón”.

Un grupo de manifestantes usó lanzas, piedras, palos y pirotecnia contra los uniformados. Ellos también golpearon a los manifestantes al momento de detenerlos. Un total de 13 policías resultaron heridos en El Arbolito, Hubo 24 arrestados.

Carlos fue uno de ellos. Es un estudiante de doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar y un activista socialista. Hoy cumple 11 días preso. En total, 21 de lo 24 detenidos fueron sentenciados a 15 días de cárcel por supuestas expresiones de deshonra contra los agentes. El viernes quedarán libres.

Lo que más preocupa a su novia, Silvia, es el hecho de que Carlos se ausente de las clases y pierda la beca de USD 20 000 con la que cubre el doctorado. La detención de su pareja también ha afectado su vida familiar, pues ahora Silvia tiene que cuidar del hijo de Carlos. El pequeño, de 7 años, vivía con él.

Una historia similar enfrenta Jorge, de 32 años. Su hermano Juan cuenta que realizaba estudios sobre gestión social y hacían consultorías. El día de la movilización marchó como parte del proyecto que debía presentar, pero por estar preso perdió el empleo. Tampoco sabe cómo pagará la multa de USD 200 por daños y perjuicios.

La única mujer en ese grupo es Melani, de 18 años. En julio pasado terminó el colegio y se preparaba para rendir la prueba de ingreso a la universidad Su madre, Magdalena, cuenta que la joven está deprimida. Las dos estaban en la marcha, pero la joven fue detenida.

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