8 de November de 2009 00:00

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Amelia Ribadeneira

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Dos ciudadanos detenidos por declarar persona no grata al Presidente de la República en Guayaquil. Dos ciudadanos presos por tener una opinión. Sin duda, un horror. Sin duda, una sandez de la arbitraria autoridad que no entiende de derechos humanos.

Entonces, habrá que recordarles a las autoridades guayaquileñas, responsables de esta barbarie, lo que dice la Constitución aprobada en 2008 por más del 60 % de ecuatorianos y ecuatorianas. Nada complicado de entender, texto de fácil acceso, si necesitan ayuda pueden solicitar la asistencia de cualquier estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil, con todo gusto uno de esos jóvenes  diría a las autoridades lo siguiente: revisar el capítulo sexto, derechos de libertad, artículo 66, numeral 6: “Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”.

Entonces, a Giancarlo Zunino y Félix Pilco, presidente y vicepresidente de la nueva Junta Cívica de Guayaquil, les están violentando ese derecho. Ellos, lo único que hicieron fue aparecer públicamente con carteles declarando al Presidente persona no grata para Guayaquil. ¿Es un delito? No, mil veces no. Es una violación de su derecho constitucional a expresar su pensamiento.

30 días de prisión por ejercer un derecho que, además, está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Ecuador está obligado a cumplir. Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Probablemente Zunino y Pilco no representen el pensamiento de todo Guayaquil, pero ¿quién lo representa? ¿El alcalde Nebot? ¿El Presidente? Ciertamente ninguno. Zunino y Pilco representan su propio pensamiento y lo expresaron, y eso es suficiente para que absolutamente sea respetado por cualquier autoridad. No cabe duda al respecto. Para el ejercicio de los derechos, como lo plantea la Constitución, “no se exigirán condiciones o requisitos” y “ninguna forma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”.

Definitivamente, el culto al Presidente está tostando la cabeza de las autoridades encargadas de garantizar los derechos. El Presidente, primer servidor público, no tiene otra opción que aceptar la crítica como parte de la construcción democrática, más si esa crítica viene de ciudadanos que no ostentan poder alguno. Es absolutamente arbitrario que las expresiones de simples ciudadanos pongan a correr a las autoridades en su contra. ¿A qué le temen?

Tomado de Diario El Telégrafo

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