17 de abril de 2015 12:18

9 detenidos en megaoperativo recibieron prisión por tráfico ilegal de migrantes

Trata Tulcán

Las personas detenidas ayer, 16 de abril, en un operativo, contra una red de trata de personas, permanecían en locales ubicados en La Mariscal. Foto: José Mafla/ EL COMERCIO

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Diego Bravo

Nueve de los once detenidos en la operación contra trata de personas efectuada ayer, 16 de abril, en cuatro cantones de Ecuador recibieron prisión preventiva por otro delito: tráfico ilícito de migrantes. La mañana de hoy, viernes 17 de abril del 2015, el dictamen fue emitido por el juez Rodolfo Navarrete en la tercera sala de la Unidad de Flagrancias de Quito.

La diligencia comenzó a las 06:40 y finalizó pasadas las 09:30. A esta acudieron los procesados, los abogados de estos y sus familiares, quienes ocuparon la sala (otros se ubicaron en los exteriores).

A las dos mujeres detenidas (una de ellas es miembro de la Policía Nacional, el Juez les otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva y tendrán que presentarse cada semana en la Justicia; no podrán salir del país mientras dura la instrucción fiscal por tráfico ilícito de migrantes. La policía fue detenida en La Troncal, dentro del megaoperativo desplegado ayer por 450 policías en Tulcán, Quito y Ambato.

Durante la diligencia, la Fiscalía sostuvo que los sospechosos integran una red internacional delictiva. Esta traía personas de India, Paquistán y Bangladesh al Ecuador, para luego trasladarlas de forma ilegal a Estados Unidos.

Los agentes de la Unidad de Inteligencia, Contrainteligencia y Coordinación Transnacional (UCCI) señalaron que la organización utilizaba dos rutas. En la primera, los migrantes viajaban desde Asia hasta Brasil y luego se trasladaban al Ecuador. Desde Quito viajaban a Colombia y, por vía terrestre, cruzaban América Central y México hasta llegar a Estados Unidos. En la segunda ruta, los migrantes viajaban directamente a Ecuador y luego seguían el mismo camino.

Los agentes señalaron que las víctimas de esta red cruzaban la frontera entre Ecuador y Colombia por pasos ilegales. Bajaban la quebrada ubicada en el sector denominado El Brinco y cruzaban el río Carchi en mulas para llegar al vecino país del norte, dijo un investigador.

Audiencia trata

Familiares de los detenidos llegaron la mañana de este viernes 17 de abril a los exteriores de la Unidad de Flagrancias en Quito. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO

En la audiencia, los procesados dijeron que son inocentes. Uno de ellos manifestó que es agricultor y comerciante de papas. Utilizaba el carro de su hijo para transportar sus productos cuando una persona le pidió, a cambio de USD 10, que llevara a dos hombres hasta Colombia. “Por ganar un dinero acepté y luego me apresaron. No me imaginé lo que me iba a pasar”.

Otros tres detenidos son taxistas y afirmaron que trabajaban normalmente cuando desconocidos les pidieron hacer carreras hasta el vecino país. Tampoco se imaginaron –según sus versiones- que esas personas a las que daban transporte tenían previsto ingresar ilegalmente a Colombia.

Uno de los paquistaníes apresados sostuvo que nunca ha integrado una mafia delictiva. En su intervención ante el juez dijo que él tiene como costumbre ayudar a sus compatriotas que vienen al país y no tienen dónde quedarse a vivir o qué comer. “Yo sufrí cuando vine a Ecuador. Por eso ayudo para que mi gente no padezca lo que yo sufrí".

En las investigaciones, la Policía y Fiscalía determinaron que la red operaba desde hace dos años en Ecuador. Los agentes obtuvieron información de este caso en el 2013; las investigaciones comenzaron en junio del 2014 luego de recopilar y verificar datos.

Según el Código Orgánico Integral Penal vigente desde agosto del 2014, la persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde Ecuador hacia otros países o viceversa o facilite su permanencia irregular en el país será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

La sanción puede llegar a 26 años de cárcel si se produce la muerte de una víctima.

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