Seis meses atrás, el Presidente de la estatal Petroecuador había anunciado que el número de personas que saldrían de la institución por necesidades de reestructura institucional sería de 1 500.
El descontento que generó el anuncio hizo que las autoridades de la Fuerza Naval, a cargo de los mandos en Petroecuador, afirmaran que solamente serían 600 los puestos que se eliminarían.
Por ahora se han suprimido 743 cargos, cifra que no es la definitiva porque las autoridades advierten que el proceso concluirá en diciembre de 2010, luego de un riguroso proceso de evaluación.
Los directivos de la Marina se mantienen al frente de Petroecuador a pesar de que su paso temporal ha despertado críticas por la gestión realizada y por lo que significa para el país que una rama de las Fuerzas Armadas esté dedicada a labores que no le corresponden.
En ese contexto, los recortes de personal, las renuncias, la terminación unilateral de contratos y la separación de trabajadores tercerizados despierta cada vez mayor inquietud e incertidumbre entre quienes laboran en la institución.
El proceso de ‘depuración institucional’ representa para el fisco más de USD 20 millones en indemnizaciones, costo que, según las autoridades, tendrá el beneficio de que la nómina se reducirá a 5 700 empleados.
Se espera que las decisiones en Petroecuador sean realmente técnicas, pues sería lamentable que se repita lo de administraciones pasadas (sacar a personal para llenar las vacantes a cambio de simpatías partidistas). En el fondo, el gran reto pendiente de Petroecuador sigue siendo la mejora sustancial de la alicaída producción de los campos a cargo de la empresa estatal.