En la década de los setenta, el Banco Central del Ecuador (BCE) comenzó a desempeñar funciones ajenas a sus objetivos primarios.
Así por ejemplo, se convirtió en banca de segundo piso intermediando recursos a través del sistema financiero.
Se crearon una serie de mecanismos que iban en línea con el modelo de desarrollo vigente.
Los llamados Fondos Financieros para financiar a las empresas privadas fue uno de los programas bandera del BCE.
Para financiar a los exportadores se creó el anticipo a futuras exportaciones, en donde el BCE recibía divisas de los exportadores y este les entregaba recursos en moneda nacional al tipo de cambio vigente, liquidando la operación cuando se realizaba la exportación.
Ante la ausencia de un mercado financiero que canalice recursos al sector productivo, el BCE suplía esa deficiencia redescontando los créditos que otorgaba el sistema financiero al sector privado. Estas actividades cesaron cuando a partir del año 1988 se cambió la orientación del modelo de desarrollo, que dio paso en 1992 a la reforma de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
Luego se depuró el balance del BCE para adaptarlo a la nueva legislación.
Finalmente, en el año 1998, la Asamblea Constituyente consagró en la Constitución las nuevas funciones del BCE limitándolas a la conducción de las políticas monetaria, financiera y cambiaria; y transitoriamente, como prestamista de última instancia.
La crisis económica-financiera de 1998, y las políticas que se aplicaron para auxiliar a la banca, dieron como resultado el fin del sistema monetario, y la sustitución del sucre por el dólar.
Una vez adoptada la dolarización formal de la economía, se tuvo que reformar una vez más la Ley para contemplar los cambios en el sistema monetario.
En esta reforma apareció el nuevo concepto de Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que no es más que depósitos que tienen en el BCE varias instituciones públicas y privadas. Son depósitos a la vista, que deben estar a disposición de sus titulares en cualquier momento.
De ahí que la inversión de esos recursos deben de realizarse en instrumentos de liquidez inmediata.
El Gobierno ha decidido invertir a mediano plazo parte de los recursos para darle liquidez a la banca pública, para que a su vez canalice dichos dineros hacia la economía real.
Es decir, que el BCE vuelve a actuar como una especie de banca de segundo piso, invirtiendo a largo plazo los recursos líquidos de terceros.
De esta manera se está produciendo un descalce financiero entre activos y pasivos, lo que significa que en momentos de emergencia, al no poder liquidar inmediatamente las inversiones, se pone en riesgo al sistema de pagos. Más aún, ante la imposibilidad del BCE de actuar como prestamista de última instancia, el sistema financiero se torna más vulnerable.