Hernán Vela Sevilla
Es sorprendente la facilidad con la cual entidades del sector público, como la Superintendencia de Bancos, incumplen las disposiciones constitucionales, sin que dicho incumplimiento suponga desacato de tales normas y el hecho de que más de 150 jubilados de esa entidad de control se encuentren en la inopia a causa de tal desacato.
Denuncio públicamente el arbitrario, inconstitucional e ilegal procedimiento de la titular de la Superintendencia de Bancos.
Esta funcionaria hace caso omiso del Decreto Ejecutivo número 1684, en cuyo artículo 1decreta:”Mientras la Ley no disponga lo contrario, aclárase que los decretos ejecutivos 1406, 1493, 1647 y 1675, de octubre 24 y diciembre 19 de 2008, marzo 25 y abril de 2009, respectivamente, no son aplicables a todos aquellos fondos de jubilación y cesantía que hubieren sido creados por Ley”.
Con desconocimiento total del campo jurídico y haciendo caso omiso de un informe favorable al pago de las pensiones a sus jubilados de 2003 de la propia Intendencia Jurídica de la entidad de control, se aplica uno de los cuatro decretos ejecutivos constantes en el Decreto 1684 para pagar en forma ilegal y mendicante a quienes se jubilaron hasta el 31 de diciembre de 2003.
Ojalá el señor Presidente Correa o los asambleístas, algunos de los cuales ya conocen de este verdadero genocidio que se está cometiendo contra los jubilados, obliguen a la Superintendente de Bancos a aplicar el Decreto Ejecutivo 1684 y, en consecuencia, a pagar a sus jubilados lo que les corresponde.