14 de marzo de 2018 19:34

La derogatoria a la ley de Plusvalía y los cambios a la Ley del Cpccs se debaten el viernes 16 de marzo

En la foto, asambleístas en el Pleno el miércoles 14 de marzo del 2018.  Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En la foto, asambleístas en el Pleno el miércoles 14 de marzo del 2018. La Asamblea Nacional tratará la ley de Pluvalía y los cambios a la Ley del Cpccs. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Diego Puente

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Los asambleístas están convocados a dos sesiones del Pleno que se desarrollarán el viernes 16 de marzo del 2018. Mañana tratarán en segundo y definitivo debate dos leyes que se desprenden luego de la victoria del sí en el referendo y consulta popular del 4 de febrero.

El proyecto de ley derogatoria a la Ley de Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (mejor conocida como Ley de Plusvalía) será a las 13:00. Los legisladores acordaron, en el primer debate, aprobar la derogatoria de toda la normativa y esperar que el Ejecutivo mande, en otro cuerpo legal, los beneficios a la minería que constan en la norma que se pretende eliminar.

Mientras que a las 16:00 el Pleno prevé aprobar los cambios a la Ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La Comisión especial que se creó para dar trámite a los resultados de la consulta aprobó el informe para segundo debate la tarde de este miércoles, 14 de marzo del 2018.

La Comisión ratificó la eliminación del concurso de méritos y oposición que propuso el Ejecutivo para seleccionar a los candidatos al Cpccs. En su lugar, se propuso implementar siete zonas electorales que deberán ser conformadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base a cercanía territorial y número de electores de las diferentes provincias, señaló el legislador Daniel Mendoza, presidente de esta comisión especial.

Se elegirá a un solo consejero titular y a un alterno por cada zona electoral. En total serán siete a escala nacional. Los aspirantes a consejeros no podrán tener afiliación a partidos políticos en los últimos cinco años. También deberán acreditar trayectoria en participación ciudadana y combate contra la corrupción.

Entre otras prohibiciones se ratificó que los candidatos no pueden tener lazos de consanguinidad hasta el cuarto nivel y segundo de afinidad con autoridades electas, ministros, presidente, vicepresidente, asambleístas, prefectos, alcaldes y funcionarios públicos del quinto grado hacia arriba. Con eso se evitará –añadió Mendoza- que las autoridades seccionales tengan protagonismo o injerencia cuando las elecciones se realicen por zonas.

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