Si la tesis de las izquierdas consiste colocar al poder sobre el Derecho, quiere decir que las izquierdas, por definición, son proclives al totalitarismo, más aún, que son totalitarias por esencia. Si el poder prevalece sobre lo jurídico, entonces, sería verdad que el Estado debe someter a la sociedad, el funcionario debe condicionar al ciudadano, y la servidumbre debe triunfar sobre la libertad. Esa es la cuestión esencial que distingue al liberalismo y a la democracia constitucional del fascismo.
Las teorías de la prevalencia del poder sobre la ley explican la razón por qué todas las revoluciones se han transformado en despotismo y cómo los individuos, de titulares del poder, han quedado reducidos a precarios objetos de obediencia, a dependientes del Estado, a masa que vitorea y se moviliza cuando los designios de los jefes lo deciden.
La vieja disputa entre libertad e igualdad, entre liberalismo y socialismo, ha derivado en algo absolutamente distinto: se trata ahora de la defensa del Derecho y de los derechos fundamentales de las personas frente la invasión del Estado. Se trata de escoger entre una vida personal determinada por decisiones soberanas de personas y familias, o sometidas a lo que la burocracia o un partido político digan. Se trata de definir si la organización social debe basarse en la coerción, la sanción y el miedo, es decir, en la ceñuda autoridad, o si debe estar conformada por una estructura de decisiones privadas libres.
¿Quién decide cómo y dónde educo a mis hijos y cuál es el destino del patrimonio que formé para mis descendientes? ¿Quién elige mi destino personal, el perfil de vida que prefiero, mi autonomía profesional, el Estado o yo?
En las sociedades civiles de verdad, las decisiones provienen de la convicción, del interés y la libertad de cada persona. En las sociedades copadas por la política y el poder las decisiones nacen de los “otros”, de los poderosos y de la anónima burocracia revestida de todas las potestades.
El asunto está en saber qué prefiere cada cual, que “le den decidiendo”, o tomarse el riesgo de elegir. Hay quienes prefieren la comodidad de la orden, la predeterminación de lo que diga la autoridad; hay otros que escogen los peligros de la libertad.
El Derecho nació para limitar al poder, para marcar la cancha de juego de los actores públicos y privados. Por eso, colocar a la política sobre la Constitución ha sido siempre la argucia para que el Estado haga y deshaga de los ciudadanos. Renunciar al Derecho en pro del poder y de la política es elegir la sumisión. El debate de fondo es ese, solo que los intereses y los miedos, las mentiras y las hipocresías, lo esconden tras una muralla de pretextos, entre los cuales está, por supuesto, aquella falacia de alcanzar la felicidad por decreto, de ser ciudadano por concesión.