28 de marzo de 2015 20:41

La pesadilla de la deportación creció para los indocumentados

Un grupo de activistas protestó en Nueva York esta semana para exigir el cierre de los centros de detención de Texas. Foto: AFP

Un grupo de activistas protestó en Nueva York esta semana para exigir el cierre de los centros de detención de Texas. Foto: AFP

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Redacción Mundo (I)

El 17 de abril será un día crucial para el futuro de las medidas ejecutivas sobre migración promovidas por el presidente de EE.UU., Barack Obama.

Delegados del Mandatario demócrata y una coalición opositora que agrupa a 26 estados se encontrarán en un tribunal de apelaciones, con sede en Nueva Orleans, para definir si puede seguir adelante sin nuevos reparos el plan que busca regularizar la situación de más de cinco millones de inmigrantes indocumentados.

El Mandatario estadounidense ha impulsado iniciativas a favor de los ‘sin papeles’ que no han logrado despegar. Esta fue una de sus ofertas emblemáticas durante la campaña para ganar la reelección.

Su aplaudido ‘Dream Act’, una propuesta de ley que busca ayudar a los jóvenes indocumentados que quieren ir a la universidad a legalizar su estatus migratorio, enfrenta resistencia en estados como Nueva York. Esta misma semana hubo una huelga de hambre estudiantil demandando que el presupuesto estatal contemple ayudas financieras para la educación de los ‘sin papeles’.

Pero otra realidad innegable es que, en medio del tira y afloja entre la actual administración y los opositores republicanos, la última década -y sobre todo desde la llegada de Obama a la Casa Blanca- ha marcado un récord en el número de deportaciones.

Según las estadísticas publicadas por el Departamento de Seguridad estadounidense, entre el 2001 y el 2008 fueron deportadas 2,01 millones de personas, mientras entre el 2009 y el 2014 la cifra ascendió a 2,33 millones. Y solo desde el 1 de octubre de 2014 al pasado 31 de enero se han repatriado a 80 359 inmigrantes.

¿Todos son peligrosos?

Los datos sobre personas deportadas diferencian dos categorías: con y sin antecedentes criminales. El plan de alivio migratorio decretado por Obama pide a las agencias de seguridad centrar las deportaciones en quienes supongan una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, como sospechosos de terrorismo y miembros de grupos criminales.

Pero la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) denunció a inicios de este mes que oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) están deteniendo -el primer paso hacia la deportación- a personas consideradas de baja prioridad, como por ejemplo los que acumulan infracciones de tránsito. También se han reportado detenciones de inmigrantes quienes, por tener hijos nacidos en territorio estadounidense y haber vivido cinco años más en ese país, pudieran beneficiarse del decreto presidencial cuando este llegue a aplicarse.

Por su lado, activistas consideran que este mismo documento, firmado el pasado 20 de noviembre, posibilita a los agentes del ICE deportar a cualquiera que consideren que está ilegalmente en EE.UU. al afirmar que “no hay nada en esas medidas que deba ser interpretado para prohibir o desalentar el arresto, detención o deportación de inmigrantes indocumentados”.
Familias siguen detenidas

Tras llegar al poder en el 2009, Barack Obama cerró todos los centros de detención para familias inmigrantes del país. Sin embargo, la oleada de indocumentados durante el último año fiscal provocó la decisión de volver a utilizar instalaciones de este tipo para disuadir nuevas llegadas.

Según datos oficiales, más de 66 000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares cruzaron la frontera sur de EE.UU. durante ese lapso. La mayoría huye de la violencia y el narcotráfico en sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Muchas voces han pedido al Gobierno el cierre de los centros de detención para familias y el fin de esa práctica. En octubre, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que esto supone “una respuesta inadecuada” a una crisis humanitaria y dijo que la reapertura de estos centros es “un retroceso” en la política migratoria de Washington.

Mire aquí un mapa acerca de las deportaciones desde EE.UU. de ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe.

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