792 denuncias de violencia entre alumnos, desde el 2017

El viernes 18 de mayo del 2018, los padres de Brithany acudieron a la Fiscalía del Guayas; esperan que se sancione a los culpables. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

El viernes 18 de mayo del 2018, los padres de Brithany acudieron a la Fiscalía del Guayas; esperan que se sancione a los culpables. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

El viernes 18 de mayo del 2018, los padres de Brithany acudieron a la Fiscalía del Guayas; esperan que se sancione a los culpables. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

El miedo le impidió a Brithany contar todo lo que había ocurrido ese 11 de mayo. Luego de hablar con las mejores amigas de la niña de 11 años, sus padres completaron la historia de agresiones que ella sufrió en el aula de 8º año, a la que había llegado hace un mes.

“No solo la habían amarrado y golpeado; la jalaron, intentaron ahorcarla y la tiraron contra la pared. Unos niños se metieron y la desamarraron”, recordó Tyron M., padre de la niña que dos días después de esas agresiones falleció a causa de un derrame cerebral.

Él la cargó cuando empezó a convulsionar y a sangrar por la nariz ese día, en un centro de salud. En el velatorio, la madre supo que la amenazaron con hacerle algo peor, que “máximo las expulsarían 15 días, pero después las volvería a ver”.

El Ministerio de Educación investiga la agresión como un caso de violencia entre pares.

La subsecretaria de Educación de la zona 8, Éricka Laínez, indica que esta situación ocurre cuando los estudiantes, directamente entre ellos, empiezan a agredirse.

El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, reitera que existe un protocolo de actuación. Y en el caso de esa unidad educativa, “hubo una destitución de autoridades por no preocuparse del tema de derechos y porque sus reacciones fueron insuficientes frente a otro caso de bullying, que sí había sido reportado antes”.

Se refiere a un antecedente ocurrido en el 2017, en el mismo plantel. William, un pequeño de 13 años, se suicidó en su casa al llegar de clases. El 28 de noviembre, su abuela lo encontró colgando del techo.

En una carta pedía perdón a sus padres. Con su letra y algunos dibujos reveló que había sido acusado de robar una navaja y amenazado con ser fuertemente golpeado si volvía al siguiente día al colegio.

Consultado sobre cuántas denuncias sobre violencia entre estudiantes existen, el viceministro Sáenz admite que hay un subregistro. Desde el 2007 hasta lo que va del 2018, 1 027 casos de este tipo han sido reportados en todo el país.

“De enero del 2017 hasta ahora se tiene un mejor registro. Hay 792 denuncias en el país”.

Sin esconder la preocupación por lo ocurrido con Brithany, pide no generalizar. Dice que esas situaciones no ocurren todo el tiempo. Y que “hubo demasiada tolerancia a este tipo de hechos, por lo que se ha procedido a la intervención”.

Un estudio de Unicef y World Vision sobre violencia entre pares mostró que el 58,8% de alumnos enfrentó al menos un acto de violencia en el último quimestre del 2015, por parte de otro alumno. Esto es seis de cada 10 chicos, de 11 a 18 años.

El protocolo señala que todos los miembros del plantel tienen la responsabilidad de detectar la violencia entre pares, apuntó María Fernanda Porras, subsecretaria de Inclusión Educativa.

Aunque -anotó- son los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (Dece) y tutores quienes deben levantar un informe de lo ocurrido. Y comunicarlo a los padres de agredido y agresor.

Porras recordó que según la gravedad de la falta, la sanción la pueden establecer el colegio o la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.

La investigación de los cinco estudiantes que habrían agredido a Brithany en su salón de clases será derivada a un fiscal especializado en menores. Este definirá la figura del presunto delito contra cuatro niñas y un niño, que por ahora reciben clases asistidas en casa y pasan por un proceso disciplinario, a cargo del distrito.

El fiscal César Peña investiga el caso por el supuesto delito de homicidio culposo contra las autoridades y maestros del plantel público donde estudiaba la niña. Él confirmó que todos tienen 12 años de edad y que pueden ser investigados, según indica el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Sáenz anunció que el Ministerio investigará todas las denuncias por acoso escolar que lleguen, sin importar si vienen de plantel público o privado.

Punto de vista
Sybel Martínez
Abogada, dirige la Organización Rescate Escolar

La violencia en los planteles existe y para desarticularla y erradicarla, no ayuda negarlo y cuidar el buen nombre del colegio. Se requiere modificar el Código de la Niñez y Adolescencia e incluir un capítulo sobre la violencia escolar y sus manifestaciones, como hostigamiento y maltrato cruel de docentes y autoridades, invisibilizado. Eso abre puertas a la violencia entre pares. Tras la muerte de la estudiante de Guayaquil, quedan cinco niños que se enfrentan a una situación complicada, quizá tendrán medidas socioeducativas, pero vivirán con esa culpa. No sabemos cómo son sus hogares.

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