27 de julio del 2016 00:00

Caso de carnetización de Alianza País pasa al Tribunal

Ayer se realizó en Guayaquil la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

Ayer se realizó en Guayaquil la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) las dos denuncias que se presentaron ante el organismo contra cuatro dignatarios de Alianza País (AP). El organismo indaga un presunto uso de bienes y recursos públicos con fines políticos.

Al CNE llegaron las acusaciones del movimiento Unidad Popular (UP) y del Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral contra los legisladores oficialistas Marcela Aguiñaga, Byron Valle y Mónica Brito y la concejal porteña Lídice Aldás.

Ellos fueron señalados por supuestamente haber utilizado a varias instituciones públicas durante dos jornadas de carnetización puerta a puerta de AP en Guayaquil.

El 26 dejulio, durante la sesión del CNE, en el Puerto Principal, el presidente del organismo, Juan Pablo Pozo, afirmó que cuando existe una presunción de infracciones electorales que involucren el uso de recursos públicos, le corresponde al TCE tratar, evaluar y sentenciar lo denunciado.

“Lo que ha hecho el CNE, con base al Código de la Democracia y sus propios reglamentos, es abrir el expediente, pedir el informe jurídico y se decidió trasladarlo al TCE, que empezará el proceso”.

La vicepresidenta del CNE, Nubia Villacís, señaló que en este caso juegan un papel importante las competencias. “¿Nosotros qué hacemos? Controlamos, vigilamos, pero la sanción le corresponde al TCE, es decir a los jueces electorales previamente a un debido proceso”.

En ese sentido, Pozo añadió que lo que sí les permite el Código de la Democracia es controlar la promoción de candidaturas en la etapa preelectoral. “Hoy (el 26 de julio) por ejemplo conocimos sobre denuncias de vallas publicitarias, que promocionaban a precandidatos en Los Ríos, Manabí y Santo Domingo. Se conversó con las organizaciones para que les den de baja”, comentó.

Alonso López, director provincial de Guayas de UP, organización que pidió la destitución de los cuatro dignatarios de AP, espera que la decisión del CNE dé resultados. Seguirán de cerca las decisiones para evitar que haya “influencia de AP” para evitar sanciones.

El legislador Valle dijo que no le preocupa el traspaso del caso al TCE . Para él, no existe infracción electoral pues insistió en que hubo coincidencias entre la carnetización y las ferias ciudadanas en los sectores populares de Guayaquil. Además, agregó, no se han promovido candidaturas.

Cambios de domicilio

El terremoto que sacudió principalmente a Manabí y Esmeraldas también tuvo efecto en el padrón electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ahí aumentaron los cambios de domicilio hacia esa provincia.

Según el CNE, en el país se han efectuado 38 306 cambios. De ellos, 19 634 se hicieron hacia la provincia tsáchila. Ese valor corresponde al 51% del total nacional.

Según el director del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, la mayoría de los nuevos electores de Santo Domingo provienen de Manabí y Esmeraldas.

Esto causará otro efecto, dijo Pozo. Para los comicios de febrero próximo disminuirá el padrón de las provincias costeras. Otras provincias como Guayas han recibido 1 401 cambios de domicilio y Pichincha 882. El titular del CNE indicó el 26 de julio que tratarán con el Ministerio de Educación sobre el estado de establecimientos educativos que sirven como recintos electorales en Manabí y Esmeraldas para “tomar contingencias”. Hay cinco instituciones de la primera provincia que resultaron afectadas tras el terremoto y 23 en la segunda.

Pozo reiteró que al momento se han aprobado 160 organizaciones políticas de cara a los comicios de febrero. 13 de ellos son nacionales, el resto son provinciales y cantonales.

Hasta el 18 de agosto se conocerá cuáles son los últimos partidos que obtendrán su personería jurídica.

El presidente del ente electoral añadió que los USD 111 millones presupuestados para los comicios próximos no consideran las dos posibles consultas populares anunciadas por el presidente Rafael Correa sobre el Pacto Ético y el colectivo Rafael Contigo Siempre.
“No se ha considerado en el presupuesto para los comicios del 2017. Ellos están cumpliendo plazos previos”, afirmó.

También, añadió que en ese proceso electoral se permitirán los exit poll o bocas de urna y se admitirá el conteo rápido para las instituciones que así lo deseen. Una de las que ha manifestado su interés es Participación Ciudadana.

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