22 de septiembre de 2015 20:11

Supuesto perjuicio para el Estado en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu

denuncia hidroeléctrica Manduriacu

En una rueda de prensa realizada la mañana de este 22 de septiembre del 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció un supuesto prejuicio para el Estado en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO

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Alberto Araujo
Redactor (I)

La Comisión Nacional Anticorrupción, conformada por miembros cercanos a organizaciones sindicales, jubilados, colegios profesionales, entre otros, denunció la mañana de este 22 de septiembre del 2015 un supuesto perjuicio para el Estado en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu.

La central de 65 megavatios (MW) de potencia fue inaugurada por el presidente Rafael Correa en marzo del 2015 como la primera hidroeléctrica del grupo de ocho nuevas centrales que se construyen en el país y que comenzarán a operar el próximo año.

Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Anticorrupción, dio a conocer que se ha identificado un supuesto incremento del precio de la obra de USD 102,5 millones. Esto debido a que la misma fue adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht por USD 124,8 millones pero terminó costando 227,38 millones.

La denuncia de la Comisión se basa en dos informes de la Contraloría. El primero del 25 de abril del 2015 y el segundo del 11 de junio del 2013.

De acuerdo con ellos, la construcción del proyecto habría iniciado sin una licencia ambiental y con base en un estudio de factibilidad avanzada, lo cual provocó que durante el proceso constructivo se realicen ajustes y cambios a las especificaciones técnicas.

Todo ello, “a fin de mitigar las deficiencias que contenía el Estudio de Factibilidad Avanzada, por lo que se implementaron contratos complementarios…”, indicó el estudio de la Comisión que cita al informe DAPyA-0030-2015 del examen especial de ingeniería y control ambiental de seguimiento a la construcción de Manduriacu.

Según la Comisión, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública se debió haber suspendido a los consultores que realizaron estos estudios porque la obra final habría sufrido una variación sustancial.

Estos estudios, según la Comisión, habrían sido contratados por Hidroequinoccio (empresa del Gobierno de Pichincha) en diciembre del 2009 con Tractbel-Caminosca. Por eso la Comisión establece presuntos indicios de responsabilidad contra el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, al haber sido presidente del directorio de Hidroequinoccio en la época de la contratación.

Los tres contratos complementarios de Manduriacu sumaron USD 45,04 millones, pero la obra tuvo un incremento adicional de USD 57,4 millones debido a costos adicionales que no forman parte de los contratos adicionales. Este monto, según la Comisión, no habría sido auditado.

En total, habría existido un monto adicional de 82% de lo inicialmente pactado con Odebrecht, cuando de acuerdo con la normativa de Contratación Pública, los contratos complementarios no puede exceder el 35%.

La Comisión señaló que acudirá a la Fiscalía General del Estado con estas pruebas para presentar la denuncia del caso la próxima semana.

Fuentes cercanas a Caminosca indicaron a este Diario que en ningún momento fueron consultados por la Comisión Anticorrupción para dar su versión.

A finales del año pasado, representantes de Enernorte –unidad de negocios de la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), indicaron a este Diario que las obras complementarias contemplaron la perforación de un túnel de 350 metros para el desvío del río Guayllabamba lo que no estaba contemplado en el diseño original.

También se pavimentó la vía de acceso de 28 kilómetros y se adquirieron equipos para obtener nuevos volúmenes de material de construcción. La obra además contempló rubros adicionales por USD 28 millones en ajustes de precios, el IVA y obras de compensación social para las comunidades.

Las ocho comunidades (cuatro en Imbabura y cuatro en Pichincha) de la zona de influencia de Manduriacu fueron dotadas con alcantarillado y agua potable, mantenimiento de vías, dos centros de salud y rehabilitación y equipamiento de siete escuelas, indicaron las autoridades de Enernorte a finales del año pasado.

Este Diario pidió la versión sobre este caso a Odebrecht, los Ministerios de Electricidad y de Sectores Estratégicos y a Celec pero hasta las 19:00 no tuvo respuesta.

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