18 de febrero de 2016 15:42

La Comisión Anticorrupción denuncia supuesto sobreprecio en compra de terreno de la Refinería del Pacífico

La Comisión Anticorrupción presentó la denuncia hoy, 18 de febrero, en Quito. En el centro Ramiro Román, Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez. Foto: Alberto Araujo / EL COMERCIO

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Alberto Araujo
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La Comisión Anticorrupción presentó hoy, 18 de febrero del 2016, una denuncia ante el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, por supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del terreno de la Refinería del Pacífico.

De acuerdo con los miembros de la Comisión, encabezada por el jurista Julio César Trujillo y el economista Jorge Rodríguez, el terreno para la Refinería, ubicado en El Aromo, zona rural de Manta, habría sido adquirido a USD 6,7 millones en diciembre del 2009 cuando el avalúo del terreno habría sido de USD
121 275.

Es decir que habría habido un presunto sobreprecio de 50 veces respecto al valor real de este terreno.

La Refinería del Pacífico es un proyecto impulsado por el Gobierno desde el 2008, que busca procesar alrededor de
200 000 barriles de crudo al día para que el Ecuador deje de importar combustibles.

Para ello, ese año se conformó la empresa Refinería del Pacífico con la participación accionaria en un 51% de Petroecuador y en un 49% de Pdvsa.

Aunque en los últimos siete años el proyecto ha registrado avances en cuanto a estudios, al movimiento de tierras y a la construcción del acueducto, aún se espera conseguir el financiamiento para comenzar la construcción de la planta.

Según la Comisión Anticorrupción, el 29 de diciembre del 2009, la empresa mixta Refinería del Pacífico adquirió una propiedad de 1 255 hectáreas por USD 6,7 millones.

Esto, pese a que el propietario del terreno habría pagado por concepto de impuestos prediales, el valor de USD 115,21 calculados sobre un avalúo de USD 121 275 para los años 2008 y 2009.

Es decir, el valor final adquirido superaría supuestamente en 50 veces al valor real del terreno.

Adicionalmente, la Comisión indicó que el estudio de línea base ambiental realizado por SK de Corea del Sur, recomendó la
adquisición de ese terreno pese a que un estudio previo del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) cuestionaba la idoneidad de ese espacio.

Ese estudio, que data del 2007, advirtió que “la zona era altamente poblada, y la construcción de una refinería constituye una bomba de tiempo, por el impacto ambiental que esta generaría en la población”, según indicó la Comisión.

Por ello, la comisión pidió que se investigue a la entonces ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, al exalcalde de Montectristi, Washington Arteaga; al entonces presidente del Directorio de la Refinería del Pacífico, Contralmirante Luis Jaramillo, y al exgerente de la Refinería, Carlos Proaño, entre
otros funcionarios.

Este Diario buscó la versión de la actual vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, pero no ha tenido aún respuesta.
En entrevista telefónica a este Diario, el exgerente de la Refinería del Pacífico, Carlos Proaño, indicó que hay un error en la denuncia de la Comisión Anticorrupción porque él fue posesionado el 18 de enero del 2010 como gerente. Es decir, semanas después de que se adquiriera el terreno.

No obstante, el exfuncionario dijo que la superficie para la refinería superaba las 6000 hectáreas y que no se puede comparar el costo del metro de un terreno pequeño con el costo de un terreno tan grande como el que se adquirió para la Refinería.

Proaño añadió que pese a que Pdvsa tenía en su presupuesto un monto de USD 13 millones para comprar el terreno, el Contralmirante Jaramillo negoció para que este monto se redujera a la mitad.

Finalmente, Proaño destacó que en ningún momento pudo haber habido algún acuerdo irregular entre el Gobierno y la persona propietaria del terreno.

Esto porque en aquella época había una clara controversia entre el Gobierno y esa persona por la expropiación de una central hidroeléctrica.

El secretario de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, dijo que el fiscal Galo Chiriboga ha pedido a la Corte Nacional de Justicia que se archive la denuncia de la comisión en el caso Manduriacu.

Dentro de este pedido, los miembros de la Comisión asistirán a la Corte Nacional el próximo lunes 22 de febrero del 2016.

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