Jaime Ordóñez Pallares
Se dice que el Ecuador es un país libre y democrático en el que todas las libertades “gozan de plena libertad”.
Pero día a día vemos que la realidad es muy diferente, pues se promulgan leyes que poco a poco van coartando las libertades básicas a las que todo ciudadano tiene derecho.
Una Ley de Comunicación que tiene por objeto controlar principalmente los medios a fin de que el ciudadano se informe únicamente de lo que el Gobierno quiere que vea, lea y escuche.
Una Ley de Educación Superior que pretende controlar las universidades y eliminar su autonomía.
Una Ley de Aguas por medio de la cual el Estado se convierte en dueño absoluto de este recurso básico y permite su utilización a particulares solo mediante el pago de regalías.
Una Ley de Minería que de hecho elimina a los pequeños mineros que hacen de esta actividad su medio de sustento, etc.
Son leyes tendientes a dar al Ejecutivo plenos poderes y un control total sobre todos los organismos del Estado.
Un cuerpo legislativo con mayoría gobiernista que aprueba leyes por mandato y en paquete, ignorando los puntos de vista y argumentos de la oposición.
Todas estas leyes y la forma como están concebidas y aprobadas, están en completo desacuerdo con la vida de un país libre y democrático, ya que solamente conducen a la creación de un Estado centralista y absorbente y por qué no decirlo, totalitario en toda la extensión de la palabra.
Con la circunstancia que la doctrina que rige o regía esta clase de regímenes murió con la caída del Muro de Berlín y la desintegración total de la Unión Soviética, pero parece que nuestro país, junto con “otros”, tiene la intención de experimentar, reviviendo e implantando un sistema fracasado y desaparecido hace mucho tiempo; ¿con qué fin lo hacen?, el tiempo lo dirá.