19 de March de 2015 20:57

Demandas por mala práctica profesional a los médicos

El cirujano Francisco Borja, jefe de posgrado de Cirugía Plástica de la UEES, realiza una rinoplastia a una joven. Foto: EL COMERCIO

El cirujano Francisco Borja, jefe de posgrado de Cirugía Plástica de la UEES, realiza una rinoplastia a una joven. Foto: EL COMERCIO

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Ivette Viña

La lista es larga. Son nueve exámenes que Francisco Vera pidió para diagnosticar y tratar a un paciente con signos de padecer una neuropatía diabética.

Entre los pedidos que ordenó este médico endocrinólogo aparecen, por ejemplo, ecografías, radiografías de miembros inferiores, exámenes que permitan observar el interior de las arterias, análisis de sangre.

Siete meses atrás, ese cuadro lo diagnosticaba con un examen sanguíneo y radiografía.

¿Por qué el cambio? La respuesta de los médicos: la nueva ley penal y su artículo 146 que habla de la mala práctica profesional y establece que un profesional podría ser sancionado con cárcel de tres a cinco años si la muerte de un paciente se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

Por eso es la orden para que los usuarios se realicen exámenes complementarios que respalden los procedimientos clínicos. “Con la información que muestran los análisis me puedo defender en caso de un juicio”, dice Vera.

En el consultorio del médico internista Carlos Zambrano sucede algo similar. El doctor compara la cantidad de análisis que ordenaba antes de que rigiera esta normativa. Ahora, el número de exámenes que pide se duplicó. Los casos de dengue, por ejemplo, los diagnosticaba con una revisión.

Ahora exige una prueba hepática y otra renal. Ambos análisis cuestan al menos USD 150.

Armando Salcedo es presidente nacional de galenos y dice que el gremio vio la necesidad de aumentar los procedimientos y análisis preoperatorios como medida de protección ante posibles demandas. De hecho, entre agosto (cuando entró en vigencia la ley penal) y enero del 2015, la Fiscalía abrió 57 indagaciones previas en contra de galenos que atienden a escala nacional.
Desde la vigencia del Código, cada paciente intervenido por el cardiólogo Fernando Aguirre tiene la obligación de practicarse de 5 a 6 exámenes, que permitan desechar todo riesgo: electrocardiograma, exámenes de sangre, ecografías.

Antes, esa lista se reducía a 4 tipos de análisis o menos y así se entraba a un quirófano.

Aguirre, quien es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, dice que su gremio es vulnerable a denuncias por mala práctica profesional.

El último censo advierte que las enfermedades isquémicas del corazón y la insuficiencia cardíaca son las causas más frecuentes de fallecimientos.

Pero el aumento en las pruebas también eleva el presupuesto de los pacientes entre USD 100 y USD 500. Por ejemplo, a Alejandra Torres, de 35 años, le extirparán tres quistes ováricos en 15 días. Ella recogió una ecografía, exámenes de sangre y un cardiograma que le costaron USD 300. “Tengo que cumplir con lo que piden los doctores para que me operen”.

Su especialista le pidió dos exámenes complementarios, además de los tres de rutina.

Salcedo sabe que los análisis adicionales dilatan el proceso preoperatorio hasta seis meses, dependiendo del tipo de intervención que se realice.

El papel del anestesiólogo

Patricia Cárdenas mira detenidamente una imagen de su hijo cuando apenas tenía siete meses y afirma que “una mala colocación de anestesia destruyó el pequeño cerebro”.

Él falleció hace 13 años, por una supuesta mala práctica. El caso de esta madre de familia no es el único donde el posible suministro errado de un sedante dejó secuelas. De los 32 casos que la fundación Niño Carlitos Rodríguez asesoró en nueve años, el 60% sufrió una complicación durante la cirugía, presuntamente, por procesos anestésicos inadecuados.

Mientras Francisco Borja, jefe de postgrado de Cirugía Plástica de la U. Espíritu Santo interviene a una joven que se sometió a una rinoplastia, advierte que un requisito para el éxito de la cirugía es la valoración de un anestesiólogo.

Este análisis define el riesgo que puede tener un paciente y da pautas del tipo de tratamiento que requiere. Para evitar complicaciones, la Asociación de anestesiólogos, que en Guayas es liderado por Julio Plaza, mantiene conversaciones con el Ministerio de Salud para establecer un protocolo quirúrgico. En él se plantea la obligatoriedad de un análisis preanestésico para todos.

Anteriormente, el anestesista veía al paciente cuando ya estaba en el quirófano. “Este proceder se está erradicando”, cuenta Plaza. Ahora se pide que la valoración sea previo a entrar a la sala de operaciones, para identificar posibles riesgos.

En febrero del año pasado, cuando estaba en pleno debate el Código Penal, el Ministerio de Salud expidió las primeras 20 guías de práctica clínica.

Estas incluyen recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de hemorragias, abortos espontáneos, entre otros cuadros.

En contexto

Además de los exámenes médicos, los especialistas plantearon la contratación de pólizas de responsabilidad profesional y civil como otra medidas para blindarse ante el COIP. Las propuestas de las empresas aseguradoras españolas ingresarán a un concurso público.

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