Fausto Cayambe (en la foto), Betty Carrillo y Ángel Rivero se reunieron a puerta cerrada en una oficina de la Comisión de Derechos del Trabajador. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La sesión estaba convocada para las 15:00, pero comenzó media hora tarde. Antes de entrar a la sala de debates, los oficialistas Fausto Cayambe, Betty Carrillo y Ángel Rivero se reunieron a puerta cerrada en una oficina de la Comisión de Derechos del Trabajador.
En esa instancia legislativa se aprobó ayer el texto que reforma los seguros de los militares y de los policías. Con ello, el documento quedó listo para primer debate, aunque la fecha para aquello no está definida.
Media hora después de la cita reservada, Rivero se sentó y anunció que él dirigiría la sesión, pues la presidenta Marllely Vasconez (AP) comunicó que estaba enferma. Otros cuatro legisladores tampoco asistieron y con siete asambleístas del oficialismo presentes, la sesión se extendió hasta las 17:30.
En la reunión se hicieron los últimos cambios al proyecto que el presidente Rafael Correa envió al Parlamento apenas el pasado 18 de julio.
Una de las modificaciones la hizo Cayambe. Él logró que en el texto se incluyera lo siguiente: para el aumento de las pensiones se tomará en cuenta los 60 mejores salarios.
Sin embargo, la aplicación de este mecanismo será gradual. Es decir, el primer año, después de la aprobación de las reformas, las pensiones se calcularán con los 12 mejores sueldos. El segundo año será con los 24. Y en los cinco años posteriores se llegará a las 60.
La propuesta del Ejecutivo era que la jubilación se obtenga con esas 60 mejores remuneraciones inmediatamente a la aprobación de las reformas.
A la sesión además llegó el general retirado y también asambleísta, René Yandún.
Aunque no es parte de esa Comisión, desde el principio siguió el tratamiento de las reformas. A los 10 minutos de que se instalara el debate, él pidió el texto del informe que se analizaba, pero el Presidente de la Mesa no le entregó.
Antes de ello, el legislador de AP, Byron Valle, aclaraba que los cambios no serán retroactivos. Con ello, los 25 años (ahora son 20) de servicio para retirarse regirá solo para aquellos que se enrolen en la fuerza públicas después de que estén vigentes los cambios a la norma.
Luego vinieron 20 minutos de receso, para que el texto entre a la votación definitiva.
Allí le preguntaron a Cayambe ¿por qué se aprueba tan rápido el documento? Él negó que fuera así. “Nosotros hemos estado trabajando normalmente. No hay apuros”.
De hecho, todo esto se da en medio de los roces que los militares y el gobierno han protagonizado por los cambios en el seguro militar (Issfa).
Ayer, dos altos oficiales retirados emitieron comunicados públicos y cuestionaron a las autoridades. Uno de los puntos que critican es que los cambios a la ley no fueron elaborados con la presencia de técnicos ni del Alto Mando.
Una cosa que a ellos les inquieta son las pensiones. El 13 de julio pasado, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, reveló que con las modificaciones legales los sueldos de los pasivos se incrementarán anualmente solo para aquellos que ganen hasta USD 2 013.
Eso es lo que precisamente se aprobó ayer, aunque hay otras propuestas que plantean que también haya alzas para quienes tengan pensiones que llegan a los USD 3 500. Eso está para un análisis posterior.
La defensa de militares
El fin de semana, el presidente Correa sostuvo que las reformas a los seguros generaron una situación “tensa”, “grave” y “seria”. Eso también ha causado que oficiales de las FF.AA. sean sometidos a consejos de disciplina.
Hoy se activa el cuarto proceso en contra de un oficial de la Armada. La causa es la misma que las tres anteriores: haber respondido un e-mail al presidente Rafael Correa.
Ayer, en redes sociales ya se difundió este caso e incluso aparecieron imágenes de Juan Carlos Barrionuevo, el teniente que enfrentará el proceso disciplinario. Hasta ahora, ninguno oficial ha sido sancionado.
Los órganos disciplinarios han asegurado que los uniformados no cometieron falta, pues Correa no es un “superior militar”, sino un civil.
Por eso, el Jefe de Estado demandó a los cinco militares que fallaron a favor del capitán Edwin Ortega, uno de los primeros militares investigados.
Esto generó una discusión jurídica, pues el abogado de los militares sometidos al Consejo de Disciplina, Juan Vizueta, señaló que si el Presidente no estaba de acuerdo con la decisión del órgano militar lo correcto era recurrir a un Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Para él, cualquier decisión que tome la jueza Alexandra Pérez, quien conoce el pedido del Primer Mandatario, vulneraría los derechos del oficial.
La Constitución dice que las infracciones disciplinarias de militares y policías serán juzgadas por las leyes internas.
CRONOLOGÍA
23 de mayo
En las redes se difunde un audio que es atribuido al capitán Edwin Ortega y en este pide buscar vías para declarar persona no grata a Ricardo Patiño.
29 de junio
El Ministro de Defensa mantuvo una reunión con personal militar
en Riobamba y en Cotopaxi, para difundir el proyecto de reformas a la Ley del Issfa.
18 de agosto
Militares retirados de Guayaquil se concentraron para apoyar a Ortega, quien es investigado por responder a Correa en caso del seguro militar.
19 de agosto
El Consejo de Disciplina de la Armada no admitió una queja contra Ortega y Correa demandó a cinco oficiales que fallaron a favor del oficial.
En contexto
Los roces entre los militares y el Gobierno se tornaron más fuertes en febrero pasado, luego de que se anunciara que se descontarán USD 41 millones de las cuentas del Issfa por los terrenos de los Samanes. Eso provocó protestas del personal retirado.