27 de November de 2009 00:00

El delito desborda a la reforma penal

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Redacción Judicial

La noche del martes, desconocidos ingresaron a la casa de Narcisa B. Eran cerca de las 19:15 y la familia estaba reunida en el comedor. “Estábamos ayudando a los chicos a hacer sus tareas, cuando sin ninguna violencia o forcejeo cuatro hombres entraron a la casa. Estaban tapados la boca y la nariz, solo vimos los ojos”, relata Narcisa B.

Sin embargo, la mujer denuncia que no recibió la ayuda deseada en la Policía Judicial (PJ). “La Justicia es demasiado lenta y no creo que logremos nada. Es un mero trámite”, critica Narcisa B. El Ministerio de Justicia asegura que su proyecto de Código Penal y de Procedimiento Penal agilitará los trámites judiciales.



7 518 denuncias
de robos a domicilios se   presentaron de enero a octubre  en el país, según la Policía.La normativa se presentará hasta finales de este año ante la Asamblea Nacional. Según las autoridades, esta legislación reemplazará a la vigente, que data de los años treinta. Sin embargo, hay cambios que se plantean que ya fueron aplicados en otros países, sin que los resultados hayan sido los deseados.

Por ejemplo, se plantea establecer juicios rápidos para delitos menores, con la aplicación de la oralidad. Se realizará una sola audiencia en el juicio y el caso se resolverá en menos de seis meses. Además, se crearán  juzgados de Flagrancia, para resolver de inmediato los delitos flagrantes.

Esta medida ya se aplica en  España desde 2002. Para Francisco Cubero, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, este tipo de acciones tuvo una “respuesta agridulce, porque muchos casos pequeños fueron resueltos de inmediato, pero la delincuencia  organizada y  delitos como el narcotráfico se olvidaron y las cifras crecieron sobremanera”.



Un plan antidelictivo
Para hoy está previsto que la Policía anuncie un nuevo plan antidelictivo en el país, en conjunto con la Cartera de Gobierno.
Este se aplicará durante diciembre para evitar el incremento de los delitos por las fiestas de Navidad y fin de año.
El estado de excepción en Quito, Guayaquil y Manta vence el 4 de diciembre. Hoy se resuelve si se lo amplía por 30 días más.
La Unidad de Lucha  Antidelincuencial se encarga desde hace un mes de hacer operativos de Inteligencia a las bandas.El judicial aclara que ninguna reforma legal soluciona el problema de la inseguridad. “Es difícil pensar que con reformas a los códigos  se puede acabar con la delincuencia, sería fácil, pero la realidad es compleja y requiere de grandes dosis de muchas cosas”.

Las reformas penales en España surgieron en un contexto similar al ecuatoriano. La inseguridad crecía y los delitos comunes afectaban a la sociedad. “Con el aumento de la  delincuencia común, aparece el problema de la lentitud judicial”, explica Cubero.

Precisamente de eso se queja Narcisa B. “Los delincuentes estaban armados y amenazaron con lastimarnos si no hacíamos lo que querían. Nos amarraron a mí, a mi esposo y a mis tres hijos (de 15, 10 y 8 años); y nos encerraron en la habitación de mi hija mayor”.

En medio del pánico, escuchaban ruidos. Los ladrones se llevaron objetos fáciles de cargar: computadora, filmadora, cámara de fotos, equipo de sonido, documentos personales, celulares…

“Luego de unos 10 minutos, no escuchamos nada, nos desatamos y salimos. Estábamos en shock, mi hija gritaba. Fue uno de los momentos más difíciles. Llamé a la Policía, hicieron el parte  y se fueron”, cuenta Narcisa B.

Al día siguiente, acudieron a la Policía Judicial para poner la denuncia. Pero no pudieron hacer mucho. Los agentes que acudieron a la casa no habían enviado  el informe a la PJ, por lo que todavía no se había asignado a ningún fiscal la investigación. “Esto es un desastre. Nos dijeron que debíamos esperar una semana para  que la Policía remita el reporte”.

En la propuesta de Código Penal se plantea gradar las sanciones según el perjuicio. Es decir, que un mismo delito puede ser grave o leve según la cuantía o la afectación a una víctima.

Pero para las víctimas de la inseguridad, las modificaciones legales no han ayudado en nada. “Se necesita de un cambio inmediato. Ni siquiera pudimos hacer la denuncia. Cómo se puede creer en la Policía o en  los jueces”, manifiesta Narcisa B.

Pero Cubero insiste en que el tema penal es solo la primera parte de un proceso. Luego se debe tener en cuenta la ejecución de penas y la rehabilitación social.

Para la fiscal de Francia, Valerie Nöel, la rehabilitación social debe ser integral y debe garantizar la reinserción social de los presos. “En nuestro país tenemos dos posibilidades de rehabilitación. Una es el trabajo para el Estado y la otra es en una penitenciaría”.

No obstante, para poder obtener una sanción real es necesario que los detenidos cumplan con su condena, sea cual sea (en Francia existe la cadena perpetua), añade. Para ello existen los jueces de ejecución de penas.

La propuesta penal que plantea la Cartera  de Justicia incluye este tipo de jueces, para evitar que las condenas se reduzcan, con los beneficios del 2x1. También contempla penas de hasta 25 años para delitos de lesa humanidad.

Pero Narcisa B. cree que si la Policía no detiene a los asaltantes, de poco va a servir que la administración de justicia se aplique correctamente. “Ya no nos sentimos seguros en ningún lado”.

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