22 de mayo de 2018 00:00

Defensoría del Pueblo tomará varias tareas de Supercom

Andrés Michelena (der.) entregó la iniciativa a Elizabeth Cabezas,  titular del Legislativo. Foto: API

Andrés Michelena (der.) entregó la iniciativa a Elizabeth Cabezas, titular del Legislativo. Foto: API

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Mario González y Diego
Puente. Redactores (I)

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Las afectaciones que los medios de comunicación provoquen en ciudadanos, instituciones y colectivos -con la difusión de contenidos- serán tratadas por la Defensoría del Pueblo, luego del cierre de la Supercom.

Así lo establece la propuesta del presidente Lenín Moreno para reformar la Ley de Comunicación (LOC). Andrés Michelena, titular de la Secom, la entregó ayer en la Asamblea.

El proyecto reforma 66 ar­tículos de la ley, crea 18 y elimina otros 12. Además, se modifican los nombres de dos capítulos y dos secciones, se crean cuatro nuevas secciones y un nuevo título. La nueva ley tendría cuatro disposiciones generales y seis transitorias.

Entre las reformas se quita la consideración de la comunicación como un servicio público. Esta modificación se concretará una vez que el presidente Moreno envíe una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre si la comunicación es o no un servicio público. Su pronunciamiento entrará inmediatamente al ordenamiento jurídico nacional.

Con el cierre de la Supercom se eliminarán, además, las medidas administrativas en contra de los medios de comunicación, como las multas y las disculpas públicas.

También se suprimen figuras legales que sirvieron de base para varias sanciones, como el linchamiento mediático y la censura previa para los medios por no cubrir y difundir eventos de “interés público”.

Pero se mantienen otras figuras para garantizar la responsabilidad de los medios y los derechos de los públicos y audiencias. Por ejemplo, las rectificaciones, réplicas, la entrega de copias de contenidos, la protección a grupos vulnerables, las prohibiciones de contendidos, entre otras.

Se conserva la obligación para que los medios acojan estos pedidos y disposiciones. Y en caso de que no lo hagan, los afectados podrán acudir a la Defensoría del Pueblo.

Esta instancia otorgará, de manera inmediata, medidas de protección y restitución de derechos, como órdenes para que los medios cumplan con las disposiciones legales.

Pero también la Defensoría podrá patrocinar acciones constitucionales en contra de los medios de comunicación. Así como solicitar el juzgamiento y la sanción ante las autoridades competentes correspondientes: sean estas civiles o penales. Es decir, que un juez podrá establecer multas u otros tipos de sanciones.

Apenas la propuesta del Ejecutivo fue entregada tuvo aceptación en la Asamblea. Los representantes de Creo, Partido Social Cristiano (PSC), Bancada de Integración Nacional (BIN) y Alianza País (AP) mostraron expectativas.

Para Homero Castanier, coordinador de Creo, la propuesta es insuficiente, pero podría ser alimentada con las reformas que ha planteado su bancada desde el 2017.

Los legisladores no tuvieron la oportunidad de revisar el proyecto. La tarde y noche de ayer comparaban las reformas con el texto original.

Cristina Reyes (PSC) dice que hay elementos que, en primera instancia, les permiten considerar un apoyo a la normativa. “El no tener una Superintendencia de Comunicación debe ser considerado ya un avance. Hay que ver cómo está todo el articulado para pronunciarse a favor”, dijo.

Aunque Luis Torres, su compañero y miembro del CAL, criticó que se abrieran espacios para que “la Defensoría del Pueblo se convierta en la entidad que persigue a los medios”. Sugirió que se delimite más el trabajo de esa entidad.

Según el proyecto, la institución tendrá 180 días, desde que las reformas entren en vigencia, para establecer un plan respecto de sus nuevas atribuciones relacionadas con los derechos de la comunicación.

Ese mismo plazo habrá para el cierre de la Supercom, cuyo titular será nombrado por el Consejo Transitorio, para que se encargue de liquidar y definir a cuál de esas entidades irán los activos, pasivos, bienes e información. Los servidores de la entidad pasarán a la Defensoría y a la Cordicom, aunque no se establecen parámetros para definir la división.

Los Principales cambios propuestos

Tipos de contenidos

-Ley Vigente 
El incumplimiento de la clasificación de contenidos, actualmente, son sancionados con una multa de hasta cinco salarios mínimos por la Supercom.

-Posibles reformas 
La iniciativa del Ejecutivo indica que los ciudadanos o colectivos pueden solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo para que los medios cumplan con dicha clasificación.

Normas deontológicas

-Ley Vigente
Actualmente la ley considera los presupuestos de verificación y oportunidad para la información, que se difunden en los medios
de comunicación.

-Posibles reformas
Los cambios plantean únicamente la contextualización y la contrastación. Además, se plantea que la información ya no tiene que ser de relevancia pública o de interés general.

Derecho de expresión.

-Ley Vigente
Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones.

-Posibles reformas
Si se aprueban las reformas, se prohibirá restringir el derecho de expresión por medios como el abuso de control oficial de papel de periódicos o equipos de radio y televisión.

Responsabilidad

-Ley Vigente
El medio de comunicación será solidariamente responsable por indemnizaciones y compensaciones civiles por incumplir obligaciones como las réplicas.

-Posibles reformas
El proyecto establece que serán civilmente responsables por las indemnizaciones y compensaciones por el no cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa

Cordicom

-Ley Vigente
Esta entidad se integra con cinco delegados: del Ejecutivo, de los Consejos de Igualdad, del Cpccs, de los Gobiernos Descentralizados y de la Defensoría del Pueblo.

-Posibles reformas
La reforma, en cambio, aumenta dos delegados: de la entidad encargada de la comunicación del Estado y de las universidades con facultades y carreras de Comunicación Social.

Medios


-Ley Vigente
Con la norma vigente, dentro de los medios públicos se consideran las empresas públicas de comunicación y los medios de carácter oficial de las entidades.

-Posibles reformas
La iniciativa presentada por el Ejecutivo plantea medios de comunicación institucional y medios del público, estos segundos espacios buscan democratizar la comunicación.

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