15 de November de 2014 23:00

Defensa de Galo Lara agotará recursos con organismos de los DD.HH.

Galo Lara llegó a Panamá en septiembre del 2013. Un mes después le concedieron el asilo. Foto: ARCHIVO / EL COMERCIO

Galo Lara llegó a Panamá en septiembre del 2013. Un mes después le concedieron el asilo. Foto: ARCHIVO / EL COMERCIO

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Javier Ortega

En las primeras horas del viernes, los abogados de Galo Lara ya conocían que el exlegislador sería extraditado a Ecuador. Mantuvieron breves comunicaciones telefónicas hasta la tarde, cuando fue embarcado en un avión con destino a Quito.

El proceso se manejó con hermetismo. Pasado el mediodía, la Dirección de Investigación Policial panameña llegó al pabellón seis de La Joyita, el centro penitenciario donde permanecía detenido el exparlamentario desde junio pasado.

Allí, los agentes organizaron un fuerte operativo para trasladarlo al aeropuerto internacional de Tocumen. En la pista aguardaba una aeronave de la Policía ecuatoriana.

A partir de ahí, la defensa de Lara dice haber perdido contacto con él. Para mañana, Pedro Granja, uno de sus abogados, tiene previsto ir al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi y exigir que se le permita hablar con su cliente.

Hasta ayer -según el jurista- al exasambleísta se le concedió una llamada. Mantuvo una conversación con un familiar.

Una vez que Lara llegó a Quito, la Cancillería panameña emitió un comunicado en el que aclaraba que Ecuador se comprometió a no someterlo “a desaparición forzada, a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Granja cuestiona ese comunicado y señala que se vulneraron los derechos de su cliente desde que se inició el proceso de extradición. Esto porque el Gobierno panameño lo trasladó “en zapatillas, en pantalones cortos, esposado de pies y con grilletes en la manos”. “Aquí se violó la convención para el tratamiento de los reclusos”.

También critica las imágenes que exhibieron en redes sociales ministerios ecuatorianos.

De ahí que la defensa del exlegislador prepara un viaje a la sede sudamericana de Amnistía Internacional -ubicada en Colombia- para denunciar “con documentos todo esto”.

Además, pedirán a otros organismos internacionales de derechos humanos que analicen el caso y visiten a Lara en el complejo carcelario de Cotopaxi, adonde fue llevado luego de su arribo al Ecuador.

En el país no hay más recursos jurídicos de apelación, por lo que la defensa plantea agotar el caso por la vía internacional.

El viernes 14 de noviembre, desde Riobamba, el fiscal general, Galo Chiriboga, sostuvo que la obligación del Estado es velar por los ciudadanos y que la vida del exlegislador estará segura.

En las últimas horas volvió a pronunciarse. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. “No es cierto que hubo un acuerdo (para que extraditen a Lara) a cambio de la entrega del barco Doria, capturado en aguas ecuatorianas”, escribió.

Esto, en referencia a la denuncia del excanciller de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, de un supuesto chantaje.

En un comunicado oficial de diciembre del 2013, el exfuncionario aseguró que autoridades del Gobierno de Ecuador “condicionaron la devolución de la nave y su tripulación” a la extradición de Galo Lara.

Y añadió que “Panamá no puede acceder a esta petición por razones del derecho internacional humanitario”.

El barco Doria fue interceptado en las costas de Ecuador con 780 kilos de clorhidrato de cocaína, el 13 de octubre del 2013. Hubo cinco tripulantes detenidos. En un inicio, Ecuador se negó a devolver la embarcación a Panamá, pues no se conocía si era o no de ese país.

Ayer (15 de noviembre), Juan Vizueta, otro de los abogados de Lara, comentó que hablarán con el Ministerio de Justicia para conocer por qué el exasambleísta fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi.

El proceso judicial se inició en Los Ríos, donde ocurrió el triple crimen por el que Lara fue sentenciado a 10 años de cárcel.
“No entendemos por qué lo llevaron a Latacunga, y no a una cárcel más cercana al lugar de residencia de su familia”.

En este contexto, la Fiscalía insiste en que se demostró que el exasambleísta tuvo contactos con los autores materiales de los asesinatos y, por tanto, no se trata de un tema político.

Por otro lado aparecen los abogados de Lara, quienes sostienen que no hay ninguna prueba de la participación del exparlamentario en esos hechos. Y recuerdan que en diciembre del 2012 la Corte Nacional de Justicia declaró la inocencia de Lara.

Un año después, la Justicia emitió un nuevo fallo en el cual se lo sentenciaba a 10 años de cárcel como cómplice de los tres crímenes. Una condena que Lara empezó a purgar desde la noche de anteayer.

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