3 de febrero de 2016 13:16

La reserva de declaración de bienes será sometida a votación

El socialista Fabián Solano defendió su propuesta de cambiar las reglas para la declaración de bienes. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El socialista Fabián Solano defendió su propuesta de cambiar las reglas para la declaración de bienes. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 73
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 1
Contento 3
Paúl Zamora

Las declaraciones patrimoniales juramentadas que los servidores públicos realicen ante la Contraloría General del Estado tendrán el carácter de confidenciales. Así lo establece
el proyecto para regularlas, cuyo segundo debate y votación quedó en suspenso ayer.

La propuesta, que señala que los servidores públicos ya no deberán presentar la declaración ante un notario, sino que bastará con realizarla ‘online’, generó polarización. En tres horas hubo 17 intervenciones.

Los oficialistas hablaron de economía procesal; de un ahorro de tiempo y dinero para casi 450 000 funcionarios. También alegaron la necesidad de modernización de los procesos, de entrar en la era tecnológica y de la ecología, por el ahorro del papel.

La oposición, en cambio, apuntó que había que garantizar la fiscalización ciudadana; evitar la impunidad y dotar de elementos jurídicos para condenar el perjurio y pecu­lado. Para organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Legislativo, que existe desde octubre del 2011, el nuevo proyecto no contribuye a transparentar la gestión de los administradores públicos y sus cuentas.

El artículo 18 de la iniciativa plantea que la Contraloría solo entregará copias de las declaraciones patrimoniales juradas al propio declarante o cuando haya una autorización; o medie una orden judicial; o por fines investigativos por pedido de la Fiscalía General.

“Es un retroceso en transparencia, dificulta la posibilidad de que los ciudadanos fiscalicen los actos del poder público”, sostiene el titular de la ONG, Marcelo Espinel.

En el 2015, este Observatorio implementó la iniciativa Asambleísta Transparente, y les solicitó hacer público su patrimonio como un acto de honestidad política. A esta convocatoria respondieron 29 de 137 legisladores. Dentro de Alianza País se cuestiona al Observatorio.

Mariángel Muñoz asegura que existen intereses políticos. También cuenta que la mayoría del bloque oficialista decidió no entregar directamente sus declaraciones y respondió que debían obtenerlas a través de los canales regulares.

En julio del 2015, la Contraloría respondió al Observatorio Legislativo. Les dijo que no puede entregar copias de dichas declaraciones.

Para la Contraloría, el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, como son los que constan en tales declaraciones. Además, dicen que no se puede hablar de retroceso, pues el objetivo es mejorar y facilitar el control de las declaraciones patrimoniales de bienes a través de la comparación en línea.

El socialista Fabián Solano, ponente de este proyecto de ley, fue uno de los legisladores que hizo público su patrimonio. Sus datos, como los de otros 28 asambleístas, están disponibles en www.observatoriolegislativo.ec.

Él señala que el proyecto no es político ni ideológico. “Pese al riesgo que se puede correr, yo envié la declaración patrimonial juramentada al Observatorio”. Sin embargo, insistió en que estos documentos tienen información -como cuentas corrientes y números de tarjetas de crédito- que podrían ser mal utilizada.
Otros, como Luis Fernando Torres, del PSC, coincidieron en que la declaración patrimonial no debe ser expuesta al público. “No pueden estar en subasta pública, más que nada cuando existe una criminalidad”.

Byron Pacheco, de Avanza, pese a tener un patrimonio que bordea los USD 1,5 millones, hizo pública su declaración de bienes y dice que no ha tenido problemas. “No me ha pasado nada, la conciencia es el mejor guardaespaldas”.

En países como México y Guatemala, las declaraciones de bienes son documentos reservados. En Argentina y Chile, cualquier ciudadano puede obtenerlas.

En Perú hay dos visiones: se publica un resumen de los ingresos mensuales y el valor del patrimonio, pero hay información confidencial que se mantiene en reserva.

A opositores como Ramiro Aguilar (independiente) les llama la atención la celeridad con la que se trató la norma, que no formaba parte del plan normativo inicial del legislativo.

“Es poner noche y niebla sobre los bienes de los funcionarios públicos, que pudieran dejar un gobierno; es impedir una auditoría ciudadana”, opinó. Una de sus críticas es que no se realice la declaración juramentada ante una autoridad, por lo cual no existirían elementos para iniciar una demanda. “¿Nos debemos cuidar las espaldas?”, preguntó Mae Montaño, de CREO.

El segundo debate se cerró y el proyecto ya está listo para la votación.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (12)
No (1)