17 de December de 2009 00:00

Los DDY en la encrucijada

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Rodrigo Fierro Benítez

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Resulta que el control de los desórdenes por deficiencia de yodo (DDY), una política de Estado en nuestro país, dado que se trata de un grave problema de salud pública, ha llegado a un punto crítico.  Las razones relacionadas con el derecho a la salud que tanto pesaron para que el presidente Correa mantuviera la prohibición de importar sal de consumo humano y los sólidos argumentos jurídicos de la Procuraduría General del Estado ante el Tribunal Andino de Justicia, no fueron tomados en cuenta y dicho Tribunal resolvió imponernos la libre importación con la advertencia de castigo a nuestras exportaciones en caso de rebeldía.  Tal resolución es inapelable y no hay instancia a la cual podríamos recurrir.

De acuerdo con las leyes ecuatorianas, la sal de consumo humano debe ser yodada, en niveles que se ajusten a rangos considerados como apropiados de acuerdo a nuestro consumo de sal.  La yodación de la sal no es un procedimiento que pueda reproducirse con exactitud como para asegurar que el contenido de yodo de un lote sea el mismo que el de otro.  Por tal razón el Registro Sanitario, indispensable para que la sal yodada importada sea comercializada en nuestro país es un referente aleatorio.  De ahí también que los controles a nivel de fábrica se lo haga dos veces por semana y con oportunidad puedan corregirse los defectos o las demasías.  La sal yodada cuesta significativamente más para economías familiares que cubren sus pobres necesidades básicas con USD 2 ó 3 diarios (el 30% de la población).  Es imposible blindar nuestras fronteras al ingreso de sal sin las características de yodación apropiadas o no yodadas, al igual que acontece en los EE.UU. con las drogas.

Son los argumentos que me llevaron a intervenir con fuerza durante la reunión convocada por las titulares de tres ministerios, por disposición del Presidente  ante la mencionada resolución del Tribunal Andino.  Asistieron representantes de la academia, sociedad civil y técnicos de aquellas secretarías de Estado.

Las ministras Cely y Sánchez, con talento y firmeza, lograron un nivel de entendimiento de las acciones con el fin de neutralizar los efectos desastrosos para la salud que puede tener la libre importación.  Lo primero: incrementar la capacidad operativa del Programa de Control de los DDY del Ministerio de Salud, lo cual lleva el mensaje de la importancia que se le concede a tal programa y debe ser asumida por algunas funcionarias de dicho Ministerio. 

A mi juicio, muy problemático, aunque nos asista el derecho, eso de enviar técnicos que supervisen la yodación de la sal que realizan las procesadoras de Colombia y Perú y pretender exportarla a Ecuador.  Acertada la decisión de crear un comité de alto nivel que vigile un proceso de defensa del derecho a la salud que nos asiste.

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