Todavía están a tiempo los asambleístas de la mayoría pro gubernamental para introducir reformas al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, pues si se lo aprobara como está se pondrá en grave riesgo la intimidad y la seguridad de los ciudadanos.
En principio, el proyecto pretendió dar libre acceso, sin restricción alguna, a los datos patrimoniales y confidenciales de todas las personas. Ese ha sido el punto de mayor controversia entre los asambleístas y es también una de las preocupaciones más importantes que tienen los ciudadanos que conocen la propuesta legal.
Aunque voceros del oficialismo aseguran que no existe una razón de fondo para temer que los datos personales se encuentren a la disposición de cualquiera que quiera conocerlos, muchas personas expresan recelo de que se abra el acceso a información tan delicada como nombres de los familiares cercanos, los números de las cuentas bancarias, las propiedades, los bienes materiales y hasta la ubicación de cada uno de esos bienes.
Uno de los supuestos objetivos de la futura ley es que todos los datos personales de cada ciudadano estén organizados, ordenados e interconectados en los diferentes registros de las entidades públicas, pero esto que en principio parecería una acertada, y hasta necesaria, decisión estatal de modernizar un sistema obsoleto pudiera convertirse, en el presente o en un futuro contexto, en una herramienta para la presión política o, en el peor de los escenarios, en un arma efectiva para los grupos delincuenciales.
La Asamblea postergó para la próxima semana la votación del proyecto. Lo sensato sería que los legisladores analicen a fondo los graves riesgos que implica una decisión que volvería más vulnerables a los ciudadanos.