El albergue del barrio las Marías del Nuevo Pedernales fue levantado en una cancha. Allí residen 27 familias con 100 personas afectadas por el terremoto. Los damnificados dicen que tienen problemas como la falta de agua, letrinas, comida, fumigación y medicinas. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO
El 83,4% de los asentamientos de damnificados han sido levantados por ellos mismos. Es decir, 216 según la Secretaría de Gestión de Riesgos.
La mayoría tienen carpas donadas por la ayuda extranjera. Pero también hay otras hechas con lonas publicitarias nacionales, que sirven de refugio temporal.
Se levantaron con materiales de los mismos escombros y pertenencias que han podido ser recuperadas tras el terremoto de de 7,8 grados de magnitud que se registró el 16 de abril.
La organización y asistencia estatal llega en mayor medida a los albergues oficiales, donde están concentradas 1 644 familias, conformadas por 6 437 personas.
Mientras que en los restantes (no oficiales) se encuentran 5 989 familias, con 22 488 miembros. Esto también según el último reporte de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
Los albergues coordinados por el Gobierno están ubicados en sitios amplios, de mejores condiciones, como terminales, estadios, unidades educativas, entre otros.
Cuentan con custodia policial y militar, bodegas de provisiones, distribución de alimentación diaria, baterías sanitarias, duchas, carpas profesionales. E incluso atención en las distintas áreas de servicios públicos, como educación y salud.
La realidad en la mayoría de refugios, en cambio, es muy distinta. Están ubicados en sitios cercanos a las comunidades destruidas, al filo de las carreteras, en las esquinas de las manzanas destruidas, frente a los escombros de las edificaciones, en canchas o parques públicos. En cualquier lugar donde los grupos de damnificados se unieron para convivir.
Hay algunos a los que constantemente llegan provisiones, abastecimiento de agua, atención médica y otras ayudas. En cada uno de los cantones, la situación varía dependiendo de la organización y capacidad de la asistencia. La mayoría tienen cerca una Unidad de Policía Comunitaria móvil.
En Nuevo Pedernales, por ejemplo, ubicado en el cantón Pedernales de Manabí, la situación es crítica. Ahí, la ayuda que llega es de la iglesia Pentecostal, a través de la pastora Nieve Gonzabai, quien también lo perdió todo y comparte refugio con su comunidad, en la cancha múltiple del barrio, que no es más que una superficie de concreto.
Todo fue improvisado con lo que quedó de sus antiguas viviendas, zinc, plásticos, madera. Lamentablemente no cuentan con instalaciones sanitarias, todas las necesidades se satisfacen en la ladera que baja al río, mismo que sirve para bañarse y lavar la ropa.
La única bomba de agua que provee líquido apto para consumo humano fue donada por una ONG. Las provisiones repartidas por los militares casi no llegan, sostiene María Calderón, designada representante de las 30 familias que se asentaron ahí.
Entre lágrimas comenta que los niños son los que más sufren, porque se han quedado sin nada y que incluso ya empiezan a presentar problemas de salud, especialmente en la piel y el sistema digestivo.
Hay otros lugares, como el de La Chorrera, en la vía Jama, donde sus ocupantes agradecen la ayuda recibida. Marta Garcés también cuenta que lo ha perdido todo. Pero dice que su familia sobrevive gracias a las provisiones que les llevan los militares. Y cuenta que tienen provisión de agua y algunas letrinas y duchas, aunque no las suficientes.
Varios de los damnificados cuentan con carpas donadas e incluso han recibido ollas y otros insumos de cocina.El terreno donde se ubicaron, al filo de la carretera, es privado y el dueño no les permite instalar algún tipo de soporte en la tierra porque no les dejará quedarse por mucho tiempo, indica.
En El Matal hay un refugio que alberga a 132 familias. Ahí, un generador de energía les provee de luz entre las 18:00 y las 22:00. Y los militares lo custodian solo cada tres días. Pero el principal problema de es la falta de letrinas. Hay solo una fosa que es cubierta con tierra luego de que las personas lo ocupan.
El mismo ministro Serrano aceptó que se debe suplir la necesidad de baterías sanitarias y controlar sus desechos en todos estos lugares, para así evitar problemas de salubridad más adelante.
Y la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, responde que el Gobierno ya lanzó dos planes para responder a las necesidades de los afectados.
El primero es el bono para arrendar viviendas o para ayudar a las familias que acojan a los damnificados, de USD 135 más alimentación y servicios básicos. Y el segundo es el plan de viviendas, de USD 10 000, con una aportación de 1 000 por parte de los beneficiarios a dos años, ya sea en sus propios terrenos o con reubicaciones. Así como una ayuda de 4 000, con un aporte de 400, para el arreglo de las viviendas afectadas que pueden ser refaccionadas.
Además, indica Pabón, que no todos quieren moverse a un albergue, no quieren dejar sus bienes o aún tienen temor, pero “estamos tratando de resolver todas estas dificultades”.