Todos podemos cometer errores. A veces hay una persona que cruza abruptamente la calle y sin pensarlo siquiera podemos terminar atropellándola o, si vamos con precaución, existe la posibilidad de que solamente la golpeemos sin causarle daños de consideración. Pero pasa todos los días en este país y para establecer el grado de responsabilidad de una persona y los atenuantes o agravantes del proceso es absolutamente necesaria una justicia transparente, imparcial, dedicada totalmente a buscar la verdad, sin consideraciones de rango, poder, nacionalidades, condición política o social. Esto no puede ser posible si hay sentimientos familiares y muy personales de por medio. Nadie puede acusar, ni siquiera insinuar responsabilidades directas de la señora Aliz Borja de Pesántez, esposa del Fiscal General de la Nación, pero tampoco puede ningún fiscal, peor todos los fiscales provinciales, firmar un comunicado de prensa exonerándole anticipadamente de todos los cargos, sin ahondar investigaciones, sin ver qué decide el juez y realizar por alguna vez en este país el debido proceso.
Antes del comunicado de los fiscales, uno creía que era la prensa la que estaba exagerando. Después del famoso comunicado, uno sólo puede sentir el escalofrío enorme, angustiante, de que nada ha cambiado en el sistema de justicia. Nada. Porque en cualquier país civilizado del mundo, una situación familiar lamentable como esta, llevaría a un Fiscal General de la Nación a renunciar o, por lo menos, a pedir una licencia indefinida sin sueldo hasta la sentencia final del caso, no sólo para honrar su carrera profesional en el futuro, sino también para garantizar que el sistema de justicia del país que lo vio nacer tenga la estatura de transparencia y equidad que todos soñamos. Nadie le ha pedido hacerlo tampoco, ni el Consejo de la Judicatura ni el Congreso Nacional, pero su renuncia o pedido de licencia es una cuestión de ética que demostraría que el funcionario pone los intereses de la República por encima de los propios. Es más, su permanencia en el cargo sólo ha generado una grave crisis de credibilidad en todo el sistema judicial ecuatoriano. Es absolutamente comprensible que una familia de clase media, como la de Natalie Emme, piense que no va a haber justicia ¿No se han puesto a pensar que el mismo hecho de ir por la vía exclusiva y el viajar a velocidad es ya un abuso de poder en sí mismo, aun si no hubiese consecuencias funestas?
Nunca antes hemos tenido un Fiscal tan fuerte como el señor Pesántez. Su actuación lo ha convertido en un zar de lo divino y lo profano, de la honra presidencial, de la anticorrupción, de los medios de comunicación, de las relaciones con Colombia, de la inseguridad ciudadana…. Pero el límite de sus actuaciones y su legitimidad estarán marcados por el manejo de un caso tan delicado y tan personal como el de Natalia.