6 de septiembre de 2017 10:20

26 personas son investigadas por extorsión en el centro de rehabilitación de Cuenca

Este martes se cumplió el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio en la Corte de Justicia de Azuay. Foto: Lineida Castillo/EL COMERCIO

Este martes se cumplió el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio en la Corte de Justicia de Azuay. Foto: Lineida Castillo/EL COMERCIO

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Lineida Castillo

Este martes 5 de septiembre del 2017 se cumplió el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio en contra de 26 internos y exfuncionarios del Centro de Rehabilitación de Varones de Cuenca por el supuesto delito de extorsión a familiares de personas privadas de la libertad.

La Fiscalía investiga el caso desde marzo del 2017 tras el operativo 'Victoria' que se realizó a escala nacional. En esa ocasión hubo allanamientos y las pruebas incautadas involucraban a varios presos considerados peligrosos con casos de extorsión y castigos a compañeros del centro penitenciario de Cuenca.

Para la Fiscalía, se trata de una organización delictiva que operaba como una pirámide e involucraba a autoridades del centro penitenciario de Cuenca, personal de seguridad, control y rehabilitación de los pabellones y presos considerados “peligrosos”. Por eso abrió la investigación en contra de los 26 sospechosos.

El supuesto cabecilla, alias 'Pilligua', lideraba la red desde el Centro de Rehabilitación de Guayaquil donde cumple prisión. El modus operandi era someter a sus compañeros para que obtengan beneficios -como el traslado a otra ciudad o resguardar su integridad- a cambio de sumas de dinero superior a USD 1 500.

Los castigos, como golpes y descargas eléctricas en los pulgares, estaban a cargo del “Grupo de Disciplina”. Si los internos no accedían a los pagos, los afectados recibían una golpiza a la que le llamaban ‘el camionetazo’, relató uno de los presos vulnerados.

Entonces, llamaban al familiar por teléfono para que escuche los castigos implantados y acceda al pago a través de un depósito bancario. Los testimonios de los presos violentados fueron corroborados por algunos exámenes periciales que constan dentro del proceso.

Como pruebas, la Fiscalía presentó llamadas telefónicas, informes periciales, versión libre y voluntaria de jefes de otros pabellones, depósitos de dinero… Según los abogados de las exautoridades acusadas no hay pruebas que involucren a sus defendidos y por eso solicitan a la Jueza a cargo del caso, que dicte el sobreseimiento.

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