19 de octubre de 2015 00:00

Cuatro casos ecuatorianos se tratan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 19 de agosto un grupo de mujeres entregó una carta a la ONU para que paren las agresiones. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El 19 de agosto un grupo de mujeres entregó una carta a la ONU para que paren las agresiones. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
política@elcomercio.com

La comisión de mujeres que este lunes (19 de octubre del 2015) será recibida en el tercer día del período de sesiones de la audiencia 156 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe de 87 páginas. En ellas se relatan supuestas intimidaciones, ataques, calumnias, amenazas, injurias, vigilancia y humillación pública para defensoras de los derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente en Ecuador.

En esta jornada también se realizarán otras tres audiencias sobre derechos humanos en el país: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani con la explotación del Yasuní; el caso Paola Guzmán Albarracín (una menor de 16 años, quien en el 2002 se suicidó ingiriendo diablillos por una decepción amorosa causada, supuestamente, por el vicerrector del colegio donde estudiaba) sobre derechos sexuales y reproductivos, y el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad sobre delitos de lesa humanidad cometidos entre 1983 y 2008.

Además, el país participará en otras sesiones temáticas ­sobre temas ambientales y de derechos humanos que recogen testimonios de distintos países de América.

Patricia Gualinga, líder del pueblo kichwa de Sarayaku, asistirá a la audiencia en Washington. Estará junto a la waorani Alicia Cahuiya, la zápara Gloria Ushigua y activistas como Esperanza Martínez, de Acción Ecológica.

Hasta el fin de semana no se confirmó si Margoth Escobar, apresada en las manifestaciones de agosto pasado, había obtenido el permiso del juez para viajar a EE.UU. Según Gualinga, tenía una invitación especial para asistir y dar su testimonio por los golpes que recibió en Puyo, pero Escobar tiene, como medida sustitutiva, la obligación de presentarse dos veces por semana ante las autoridades judiciales.

En el informe elaborado por Acción Ecológica y Earth Rights International, se señalan varias denuncias por criminalización de la protesta social. Además del caso de Escobar, se citan intimidaciones a Martínez, como grafitis en las paredes de su casa o agresiones con heces fecales a la ropa tendida en su patio. En el caso de Cahuiya, quien también participará en una audiencia sobre derechos de pueblos en aislamiento voluntario, se relata que hace unos años mataron a su perro y le dejaron un mensaje: “Cuidado con tu vida, puedes morir”.

El objetivo de esta audiencia, según Gualinga, es visibilizar la criminalización de las luchas y reivindicaciones de las mujeres en su afán por frenar el extractivismo minero y petrolero y proteger el medioambiente.

Sin embargo, hay quienes cuestionan el que se haya acudido a la Comisión para tratar este y otros temas, como derechos sexuales y reproductivos, en las distintas sesiones de la audiencia de esta semana.

Rosa Mireya Cárdenas, quien formó parte de la Comisión de la Verdad y ha sido funcionaria del actual Gobierno, considera que no era necesario ir al exterior para presentar casos cuyos procesos aún no se han agotado en Ecuador. Afirma que no hay la voluntad política de estos grupos para solucionar desacuerdos internamente.

“En este momento se ve el cambio positivo que ha habido en el país, tanto en la rapidez con que avanzan los temas en lo jurídico como en el cuidado al medioambiente. Creo que acá hay una apertura para tratar estos casos”, asegura Cárdenas. Agrega que hay otros casos ambientales como el de Chevron-Texaco, de interés nacional, que la Comisión debería tratar, en lugar de escuchar temas “que nohan sido agotados y que sirven para manipular políticamente y para destruir a un Gobierno que sí ha dado apertura”.

Según Cárdenas, una muestra de ello es que se han abierto los archivos de los años ochenta y noventa, con el trabajo de la Comisión de la Verdad, para resolver casos de violaciones a los derechos humanos como los de Alfaro Vive Carajo, de Susana Cajas, Luis Vaca, Javier Jarrín, que están en proceso, y otros que se abrirán a futuro como el de Arturo Jarrín o Fausto Basantes, que ya han sido analizados en la Fiscalía y pasarán a lo judicial.

Gualinga recuerda, en cambio, que los pueblos indígenas han podido hacer respetar sus derechos cuando han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego han pasado a la Corte, como ocurrió en la sentencia a favor de Sarayaku.

La audiencia de hoy es temática y, según el abogado Salim Zaidán, si bien es cierto que primero deben agotarse instancias legales nacionales, antes de acudir a la CIDH, hay excepciones, por ejemplo, cuando no existe el debido proceso para reclamar la protección de un derecho o hay un retardo injustificado.

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