20 de January de 2010 00:00

Críticas a todo nivel por el fallo a los hermanos Isaías

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Redacción Judicial

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, cuestionó ayer la resolución de los conjueces de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que cambió el delito en el juicio de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum.

El ex magistrado defendió la legalidad de su pronunciamiento que emitió en marzo de 2003, con el cual llamó a juicio plenario por el delito de  peculado bancario a los ex administradores de Filanbanco. “Con base en un estudio detenido, prolijo, exhaustivo y de acuerdo con la Ley vigente llegué a la conclusión de que se había cometido el delito de peculado”, dijo Bermeo a este Diario.

90 días
fueron suspendidos los conjueces de la I Sala Penal, por el último fallo del caso Isaías.

El caso se inició en 2000, luego de una investigación de la eliminada Comisión Anticorrupción, en la que se determinó que se había cometido peculado al mal utilizar dinero del Estado. Filanbanco recibió en 1998 más de USD 600 millones del Banco Central  para pagar la cartera vencida de sus clientes, pero, según el magistrado, se usó para entregar créditos vinculados a sus accionistas.

No obstante, el viernes pasado, los conjueces Walter Mazzini, Edwin Salazar y Mario Rodas resolvieron acusar a los Isaías por el supuesto  delito de alteración de balances financieros, acogiendo el dictamen de la ex fiscal general Mariana Yépez. Con esto se modificó la acusación de peculado bancario, hecha por el ex Presidente de la Corte Suprema.



Más señalamientos
El titular de la Asamblea,   Fernando Cordero, afirmó que los conjueces de la Primera Sala de lo Penal deberán explicar documentadamente ante la Asamblea la decisión que tomaron.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, sostuvo ayer que se debería crear una veeduría ciudadana para vigilar el desenlace que tenga el proceso judicial en el caso Filanbanco.
El ex miembro de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, señaló que se debe investigar a los jueces para determinar por qué cambiaron el delito.
La Superintendencia de Bancos también rechazó el fallo de la Corte. Lo calificó de inusitado y de no tener fundamento legal, pues “desconoce y descalifica  planteamientos anteriores”. Según el Código Penal, el delito de alteración de balances financieros tiene una sentencia de uno a cinco años de prisión. Esa pena caduca en el doble de la pena máxima establecida, es decir que ya habría prescrito en 2008. El peculado se sanciona hasta con 8 años de reclusión (según la Ley de la época) y no prescribe.

La resolución de los conjueces generó ayer reacciones políticas y legales de condena. El Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a Mazzini, Salazar y Rodas y al secretario de la Sala, Hermes Sarango.

Durante 90 días no podrán ejercer sus cargos, aunque recibirán sus  salarios. El presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos, dispuso que se inicie un sumario disciplinario en contra de los tres jueces suplentes y remitió la documentación al Pleno del Consejo de la Judicatura, para que autorice al Coordinador de la Unidad de Control Disciplinario la sustanciación de esos procesos.

El titular de la Judicatura tomó esa decisión considerando “que  las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido los conjueces han generado alarma social, afectando la imagen de la Función Judicial, lo cual ameritaba que se arbitren las medidas pertinentes para preservar el correcto servicio judicial”.

Asimismo, el fiscal general, Washington Pesántez, criticó la decisión judicial, que -a su criterio- favorece a los hermanos Isaías, en uno de los casos más polémicos de la justicia.

Pesántez pidió ayer en la mañana que se destituya a los conjueces de la Primera Sala de lo Penal. Y anunció que la Fiscalía iniciará una  acción penal en contra de ellos, porque “se ha faltado a toda norma expresa. Voy a pedir la medida cautelar de prisión preventiva contra estos jueces”.

Además, se presentó la recusación de los conjueces y la revocatoria de la decisión. Este mismo pedido fue hecho por la Procuraduría General del Estado.

Además, estos dos organismos tienen un as bajo la manga. Si no es aceptada la revocatoria de la providencia, presentarán acciones de protección ante la Corte Constitucional, para dejar sin efecto el fallo de los conjueces.

El bloque legislativo de Alianza País también se unió a las críticas contra los judiciales. Ayer, los asambleístas César Rodríguez y Virgilio Hernández rechazaron la decisión de los conjueces de la Primera Sala  Penal.

Ellos aseguraron que “es un fallo inmoral, que demuestra la absoluta impunidad de la que siguen gozando los poderes económicos en el país”. Incluso, dijeron que  “no solo son  los hermanos Isaías los beneficiarios de este fallo de impunidad, sino que en su tiempo también  el ex presidente Jamil Mahuad y la ex ministra de Finanzas Ana Lucía Armijos”.

El fiscal Pesántez calificó la providencia como una “herejía jurídica; no es otra cosa que ponerles en libertad (a los ex administrados de Filanbanco), porque el delito de peculado fue sustituido y por el que han sido llamados a juicio estaría  prescrito”. El Gobierno y la Superintendencia de Bancos criticaron el fallo (ver puntuales).

Los conjueces  llegaron a sus cargos el 20 de abril de 2009, luego de que se eliminó la ex Corte Suprema de Justicia, por la decisión de la Asamblea Constituyente. Allí se creó una Corte de transición, que fue integrada por ex jueces y conjueces de la extinta Suprema. La Sala de conjueces permanentes fue elegida por el Consejo de la Judicatura.

Mazzini antes fue fiscal en Guayas y Sucumbíos. Intentó entrar a la Justicia desde 2008. Él  participó en un concurso de merecimientos para la Corte de Justicia de Santa Elena. El proceso se inició el 7 de julio de ese año y, según la Judicatura, obtuvo 36 puntos sobre 60 en la valoración de su hoja de vida. Y no se presentó al examen de oposición, por lo que no fue nombrado juez titular provincial.

Del conjuez Salazar se conoce que no es la primera vez que suscribe un fallo polémico. El año pasado, en la Segunda Sala Penal, absolvió a Jorge Hugo Reyes Torres, sentenciado por narcotráfico, y a Carolina Cabrera, hija del fallecido notario José Cabrera, acusada de estafa, por la captación ilegal de dinero.

Por las dos resoluciones, la Fiscalía General del Estado inició acciones legales en contra de los judiciales y pidió al Consejo de la Judicatura que los destituyera, pero allí no hubo sanciones. Además, se abrió una indagación penal por prevaricato que hasta la fecha no ha tenido resolución.

Ayer ninguno de los conjueces  quiso pronunciarse sobre el caso Isaías. En su providencia emitida el viernes, pero recién hecha pública el lunes por la Corte Nacional, Mazzini, Salazar y Rodas argumentaron que el peculado bancario no estaba tipificado en el Código Penal en 1998, cuando supuestamente se cometió el delito, y que por ello no debía aplicarse en el caso Filanbanco.

Pero el ex presidente de la Suprema, Armando Bermeo, sostiene que la figura de peculado existe “desde  los años sesenta. Hay numerosos fallos de la Corte Suprema, que han expedido resoluciones y han emitido sentencias condenatorias por peculado”.

Ex banqueros fueron sancionados penalmente con esta figura legal, por ejemplo, el ex propietario del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, y el ex dueño del Banco Popular, Nicolás Landes.

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