Los créditos para adquirir un vehículo estaban clasificados por las autoridades simplemente dentro de los créditos de consumo, pero la banca ahora deberá ubicarlos en un segmento aparte e independiente.
Así lo decidió la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, mediante resolución 59-2015-F. Con ello, el máximo ente de control del sector financiero simplificó la primera reclasificación de créditos que efectuó a inicios de abril mediante resolución 43-2015-F y que incluso hacía una diferenciación a los consumos con tarjetas de crédito.
Esto ya no va y la única diferenciación que deberá hacer la banca es a los préstamos destinados para vehículos livianos de combustible fósil.
Con este objetivo, los préstamos de consumo se dividieron en ‘consumo ordinario’ y ‘consumo prioritario’.
El primero es el destinado a adquirir vehículos livianos de combustible fósil y en el segundo se ubica al resto de préstamos destinados a consumo.
Otra diferenciación importante es a los préstamos otorgados a empresas para adquirir o comercializar vehículos livianos, que antes estaban dentro del tipo de préstamos productivos. Pero hoy también tienen una clasificación aparte y se ubican en el segmento de créditos ‘comerciales ordinarios’.
Con esta nueva segmentación, las entidades financieras podrán otorgar 10 tipos de créditos (ver recuadros); antes existían ocho segmentos.
Antes de la reforma existían créditos denominados productivos (corporativos, empresarial y a pymes). Además, existían créditos de consumo, vivienda y microcrédito de acumulación ampliada, simple y minorista.
Jaime Cucalón, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, teme que esta segmentación permita a futuro encarecer el crédito automotor.
“Es cada vez más duro importar vehículos, no solo por los cupos, las salvaguardias, el nuevo cálculo del ICE que rige desde enero y otras medidas, sino que ahora el crédito automotriz podría ponerse más caro”, anotó al señalar que hasta abril ya se han perdido cientos de puestos de trabajo y las ventas han caído un 16%.
La banca debía reportar la información de los créditos bajo el nuevo esquema desde el 1 de mayo pasado, pero el superintendente de Bancos, Christian Cruz, anunció el martes pasado que amplió el plazo a 90 días; es decir, hasta julio.
El funcionario explicó que la nueva segmentación de créditos tiene como objetivo incentivar y desincentivar cierto tipo de créditos. “Hoy por ejemplo ya estamos incentivando el plan de vivienda y, por otro lado, se podría utilizar eso para desincentivar otros segmentos crediticios”, indicó.
La Junta también emitió otra norma para regular la fijación de tasas de interés activas efectivas máximas de acuerdo con los nuevos segmentos de crédito.
Esas tasas de interés, por ahora, no cambian, aunque nació un producto en vivienda. Los hipotecarios pagaban alrededor del 11%, pero apareció el crédito de vivienda de interés público con una tasa del 4,99%.
Aunque el crédito comercial ordinario (comercialización de vehículos livianos, incluso para fines productivos y comerciales) sí tendrá un cambio.
Antes estaba dentro de los préstamos productivos, con una tasa entre 9,33 y 11,83%, según el tamaño del negocio. Pero una vez se apliquen los 10 nuevos tipos de créditos, la tasa máxima será del 11,83%.
El Superintendente de Bancos, sin embargo, explicó que “estas son las tasas máximas, pero un banco puede ofrecer una tasa menor por estrategia” e insistió en que la única tasa que se modificó fue la de vivienda de interés público.
César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, indicó que la banca ya trabaja en el “cambio de sus estructuras” para adaptarse al nuevo esquema de créditos.
En su criterio, el origen para esta nueva clasificación de créditos parece ser “la preocupación que todavía tiene la autoridad sobre la importación de vehículos livianos, por la salida de divisas”.
Consideró que es posible que la autoridad se esté preparando para tomar ciertas decisiones para desestimular ciertos créditos. “Hay que esperar a ver qué decisiones se tomarán”.
En el 2014, la banca privada colocó USD 3 277,4 millones en crédito de consumo, que representó un 16% de todo lo desembolsado ese año.
Crédito productivo
Producción. Plazo mayor a un año. Financia proyectos productivos que en, al menos, 90% sea para bienes de capital, terrenos, infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial.
Préstamos para microcrédito
Pymes. Otorgado a personas y empresas con ventas de menos o iguales a USD 100 000 destinado a financiar actividades de producción y comercio en pequeña escala.
Comercial ordinario
Vehículos. Para empresas, con ventas sobre los USD 100 000 al año, para adquirir o comercializar autos livianos de combustible fósil, incluso aquellos para fines productivos y comerciales.
Vivienda de interés público
Inmuebles. A personas para adquirir o construir vivienda única y de primer uso, cuyo valor comercial sea menor o igual a USD 70 000 u USD 890 por metro cuadrado (programa gubernamental).
Comercial prioritario
Comercio. A empresas (venta sobre USD 100 000) para bienes y servicios para actividades comercial y productiva no incluidas en el segmento comercial ordinario. Incluye autos pesados, capital de trabajo y créditos entre entidades financieras.
Crédito inmobiliario
Vivienda. A personas naturales para la construcción, remodelación y mejora de inmuebles propios, adquisición de terreros para construir vivienda propia y para adquirir vivienda terminada propia no categorizada como vivienda de interés público.
Consumo ordinario
Vehículos. Este tipo de crédito es el otorgado a personas naturales destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil.
Crédito educativo
Capacitación. A personas para su formación y capacitación. Y también a firmas para capacitar y formar personal, debidamente acreditada por entes competentes.
Consumo prioritario
Consumo. A personas, para compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad productiva, comercial o no incluidos en el ‘consumo ordinario’. Incluye prendarios de joyas.
Inversión pública
Proyectos estatales. Financiar programas, proyectos, obras para la provisión de servicios públicos de responsabilidad del Estado. Incluye gobiernos seccionales y empresas públicas.