5 de junio de 2018 07:30

Cpccs transitorio cesó al Jalkh y 4 vocales; Consejo de la Judicatura anuncia impugnación

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Mario Alexis González

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Las sillas lucieron vacías. Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) no acudieron a la presentación de los resultados de su evaluación. Tampoco pudieron escuchar, en vivo, la resolución de cesarlos.

Esta fue tomada por unanimidad. Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio votaron a favor de la terminación anticipada de los períodos de Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez y Alejandro Subía.

Según la evaluación, los funcionarios incumplieron los cinco parámetros del proceso: legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos, transparencia y evaluación ciudadana.

La aplicación de estos fundamentos se hizo con base en los informes de gestión presentados por la Judicatura, las 882 denuncias que el Cpccs receptó en su contra y el informe del equipo de evaluación.

La resolución tiene 164 páginas. Se describen, uno a uno, los
parámetros incumplidos y se los desagrega en 21 indicadores y 50 categorías. La lectura parcial de ese documento tardó un poco más de cinco horas.

Según el ritmo con el que avanzó ese procedimiento, estaba previsto que se alargara por unas dos horas más. Pero el Pleno definió que en el quinto y sexto parámetros se lean únicamente las conclusiones.

El proceso determinó, por ejemplo, que los funcionarios no ejercían su cargo con legitimidad, porque fueron designados por un Cpccs que dependía del Ejecutivo. Y que una vez nombrados tampoco tuvieron la aptitud requerida para hacerlo porque tenían conflictos de intereses por su cercanía con Rafael Correa.


En el caso de Gustavo Jalkh, se recordó que antes de dirigir la Función Judicial fue secretario de la Presidencia de la República y Ministro de Estado.

También se determinó incumplimiento de funciones. “Existieron irregularidades en concursos de designación de jueces, fiscales y funcionarios de la Función Judicial”, se lee en parte de la resolución.

En la parte económica se indicó que hubo incumplimiento en el manejo y supervisión de fondos públicos en el CJ, por falta de integridad en los procesos de contratación. Así como falta de transparencia por inconsistencias en la información considerada pública.

Con esos antecedentes, el Pleno del Cpccs determinó que Jalkh y los vocales permitieron que los conflictos de intereses intercedan en sus funciones. E interfirieron en la administración de justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado.

En la conclusión de la resolución se dice, en cambio, que estos funcionarios ejercieron un régimen de control direccio­nado a beneficiar intereses particulares. Y, por tanto, se resolvió su cesación.

El Consejo de Participación Transitorio expuso este 4 de junio del 2018 el informe de evaluación al Consejo de la Judicatura. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

La diligencia se desarrolló en el Teatro de la Universidad Central, en el norte de Quito. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO


La diligencia se desarrolló en el Teatro de la Universidad Central, en el norte de Quito. El espacio más amplio de ese lugar permitió que se evidenciase el apoyo popular a los consejeros transitorios.

Representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Unidad Popular, el Colegio de Abogados de Pichincha, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), entre otras agrupaciones, acudieron con carteles con consignas a favor del Cpccs y de condena a Jalkh y al Consejo de la Judicatura.

Los 850 espacios del predio se llenaron. La gente interrumpió varias veces la lectura de Darwin Seraquive (secretario) con aplausos y gritos. Algunos mostraron descontento con Xavier Zavala. El jurista integra el Cpccs transitorio. Pero ha sido criticado por oponerse a la evaluación de la Corte Constitucional (CC).


El apoyo social no solo se registró en el teatro. De manera simultánea a la sesión, distintas organizaciones se concentraron en las afueras del Palacio de Justicia de Guayaquil.

La cita estuvo liderada por el movimiento Unidad Popular. Alonso López, director del movimiento, destruyó una cadena simbólica de papel color verde. “Hoy queremos representar el fin de la corrupción, que comenzará con la destitución del Consejo de Judicatura”, dijo el dirigente político.

El CJ, a través de un comunicado, indicó que se pronunciará sobre el contenido de la resolución luego de ser notificado. Y anunció que impugnará la resolución en los tres días que dispone el reglamento, es decir, hasta el jueves. El Pleno del Cpccs tendrá cinco días adicionales para resolver esa impugnación.

De concretarse la resolución, el cese será inmediato. Y el Transitorio podrá encargar esos puestos a cualquier ciudadano, hasta que se realice el concurso de selección.

Con el cese, además, queda sin piso una posible destitución de los funcionarios en la Asamblea, a través del juicio político en marcha. Ese proceso estaría disponible solo para los cuatro vocales suplentes.

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